http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/ac3488ce4e11e470248ebbc0190039ae.jpg 885c05271efb094515232f700dbbee39 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/717246c5a2b58b134dca473b568119a1.pdf c086257e08e89ebd1a50f974e19e35c3 PDF Text Text CCARACATULASSSSS CMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretaría de Agricultura Familiar PROINDER La Cuestión Indígena en la Argentina, un Estudio de Actualización Autor: Juan Pablo Cervera Novo SERIE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Nº 25 Buenos Aires, 2010 �Cervera Novo, Juan Pablo La cuestión indígena en la Argentina, un estudio de actualización. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2010. E-Book. - (Estudios e investigaciones; 25) ISBN 978-987-25476-2-2 1. Historia Política Argentina. I. Título CDD 320.982 Fecha de catalogación: 19/05/2010 LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE DOCUMENTO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS DE LA INSTITUCIÓN. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretaría de Agricultura Familiar PROINDER, Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios Av. Paseo Colón 982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mail: fiproinder@minagri.gob.ar ISBN 978-987-25476-2-2 1° Edición electrónica URL: www.proinder.gov.ar Buenos Aires, mayo de 2010 2 �PRESENTACIÓN El presente estudio fue elaborado en el marco del Componente Fortalecimiento Institucional del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER Adicional) con el objetivo de identificar un nuevo instrumento de intervención para atender a los grupos sociales más postergados del medio rural, entre los cuales se encuentran los pueblos originarios. Como todas las acciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) se inscribe en el propósito de contribuir al desarrollo sustentable y autónomo de los agricultores familiares, trabajadores y pobladores rurales y de sus organizaciones. El documento aporta una relevante y actualizada caracterización de la situación de los Pueblos Indígenas de la República Argentina con especial referencia a la situación productiva según regiones de asentamiento de población indígena rural; presenta las principales instituciones gubernamentales nacionales y provinciales públicas con incumbencia en la cuestión indígena; ofrece una síntesis de las dinámicas productivas de los pueblos indígenas rurales más significativos con datos demográficos a partir de la regionalización propuesta y las principales problemáticas asociadas en torno al derecho a la tierra y territorio. Asimismo, enumera ejemplos de las distintas problemáticas medioambientales y sanitarias en que se ven involucradas las comunidades indígenas. Frente a la necesidad de generar procesos de participación fundados en los derechos de los Pueblos Indígenas, el documento propone un abordaje crítico e integral que contempla a los grupos étnicos como actores que elaboran sus categorías de adscripción e identificación propias. En virtud de esto último, sugiere para la elaboración de políticas que atiendan a los Pueblos Indígenas, la elaboración de estudios sobre modelos productivos y tipos de Emprendimientos o Unidades de Producción Agropecuaria que tomen en cuenta a las modalidades de producción y reproducción económica y social de unidades familiares y comunidades indígenas. Ing. Agr. Guillermo Martini Subsecretario de Agricultura Familiar 3 �INDICE 1- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 5 2- LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN ARGENTINA. UNA CARACTERIZACIÓN PROBLEMÁTICA. ................................................................................................................. 6 2.1- Sobre definiciones y clasificaciones ............................................................................... 9 3- POBLACIÓN INDÍGENA ESTIMADA Y CENSADA. .........................................................11 4- CRITERIOS UTILIZADOS PARA DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN PRODUCTIVA AMBIENTAL Y TERRITORIAL. ............................................................................................19 5- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA ARGENTINA CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN PRODUCTIVA, AMBIENTAL Y TERRITORIAL. UNA PERSPECTIVA GENERAL. ................................................................20 6- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN PRODUCTIVA. SEGÚN REGIONES DE ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN INDÍGENA RURAL. ............................23 6.1- Breve caracterización por región ...................................................................................24 6.1.1 - Región Chaqueña..................................................................................................24 6.1.2 - Región Norandina..................................................................................................27 6.1.3 - Región Patagónica ................................................................................................29 6.1.4 - Otras provincias con población indígena. El caso de Misiones ..............................30 7- PRINCIPALES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES NACIONALES Y PROVINCIALES PÚBLICAS CON INCUMBENCIA EN LA CUESTIÓN INDÍGENA. ............40 7.1- Marco legal....................................................................................................................40 7.2- Mapa Institucional .........................................................................................................44 7.3- Situación educacional de los pueblos indígenas en Argentina ......................................55 7.4- Situación sanitaria de los pueblos indígenas en Argentina ............................................59 8- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................60 9 - ANEXOS .........................................................................................................................64 Anexo Nº 1 ...........................................................................................................................64 Anexo Nº 2 ...........................................................................................................................77 10- BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................79 4 �1. INTRODUCCIÓN El presente es un informe resultante de un estudio de actualización sobre la cuestión indígena en la Argentina. El estudio se ha basado principalmente en informes preliminares existentes en el PROINDER y completado con información proveniente de distintas reparticiones nacionales y provinciales y bases de datos que poseen el autor y los investigadores que colaboraron en la elaboración del mismo1. Se agradece la participación de todos ellos, los aportes de los autores, de los informes utilizados y la colaboración especial prestada por PROINDER para el mejor desarrollo de los contenidos. La realización de este estudio apunta a profundizar el conocimiento sobre la población indígena para identificar líneas de intervención que permitan mejorar las condiciones de ingresos y de vida de este grupo social, uno de los estratos de la población rural donde la incidencia de la pobreza y el déficit en el acceso a los servicios sociales son más marcados. El objetivo central de este informe es Caracterizar la situación actual de los pueblos indígenas que habitan en áreas rurales2 poniendo especial énfasis en aspectos socioproductivos, ambientales e institucionales. Los objetivos específicos son: 1) Caracterizar y problematizar los enfoques sobre pueblos originarios en Argentina 2) Analizar los datos y estimaciones sobre la presencia de pueblos originarios y comunidades indígenas. 3) Desarrollar criterios para dar cuenta de la situación de los pueblos originarios con especial referencia a la situación productiva ambiental y territorial. 4) Analizar la situación de los pueblos originarios de la Argentina con especial referencia a la situación productiva, ambiental, territorial y las acciones institucionales desde una perspectiva general y según regiones de asentamiento de población indígena rural. 5) Describir las principales instituciones gubernamentales nacionales y provinciales públicas con incumbencia (directa o indirecta) en la cuestión indígena. 6) Proponer algunas conclusiones y recomendaciones. 1 Colaboraron en la elaboración del informe: Dr. Héctor Hugo Trinchero; Lic. Ivanna Petz; y Lic. Mariana Schmidt. Agradecemos los aportes de Juan Martín Leguizamón. Todos integrantes del Programa Permanente de Investigación y Extensión Universitaria en Comunidades Indígenas de la R.A. (Facultad de Filosofía y Letras. UBA) 2 Considerando que la caracterización de “área rural” es compleja y no siendo el objetivo de este informe hacer un análisis pormenorizado de dicha noción se adelantará, por el momento, que el universo poblacional mencionado es el de aquella población indígena que no reside en las grandes urbes aunque sí se incluirá población indígena de ciudades intermedias en las provincias que integran determinadas regiones. Así, por ejemplo, población indígena residente en ciudades como Tartagal en Salta quedará incluida. Debe tenerse en cuenta que el Censo de Población distingue tres grandes universos poblacionales: áreas rurales dispersas, áreas rurales de hasta 2000 habitantes y área urbana (el resto). La inclusión en algunos casos de ciudades “intermedias” responde a la necesidad de considerar los vínculos entre población que reside en comunidades y población que reside en dichas ciudades o en sus periferias dado que configuran precisamente relaciones socioproductivas específicas, este criterio es principalmente cualitativo, ya que no implica incorporar todas las ciudades intermedias con población indígena sino aquellas donde se encuentran las relaciones mencionadas. En el apartado específico se profundizará sobre esta situación, aunque su desarrollo pormenorizado requiere de estudios específicos. 5 �Hasta el presente se han realizado diversos estudios y actualizaciones sobre la situación indígena en la Argentina. Dichos estudios y actualizaciones han sido vehiculizados desde distintas instancias institucionales que de una u otra manera incorporan entre sus metas de intervención a los pueblos originarios como población objetivo. El presente trabajo si bien se orienta hacia una puesta al día más sobre el tema, pretende al mismo tiempo incorporar aspectos, componentes y datos que se refieren principalmente al análisis del perfil productivo y ambiental que caracteriza a los distintos pueblos originarios que hoy habitan y se reconocen como tales en el país. Sin embargo, los aspectos económicos y/o socioproductivos no existen en forma aislada, por lo que el informe incorpora otros aspectos como los legales, demográficos, territoriales, educacionales, sanitarios, etc. No obstante, es importante señalar el insuficiente tratamiento que se ha venido dando a la cuestión productiva y ambiental en el perfil de la población indígena argentina, lo que explica al mismo tiempo la particular escasez de información sobre la cuestión. Se parte de considerar que para un análisis de la situación productiva de los sujetos indígenas involucrados se requiere previamente, al menos, de una caracterización de las modalidades productivas y reproductivas de cada grupo, comunidad, población, pueblo indígena, según sea el caso. Esta empresa resulta dificultada por la enorme escasez de información, principalmente en el ámbito estadístico, ya que los Censos Agropecuarios tienden a no registrar adecuadamente las dinámicas socioeconómicas de los pequeños productores indígenas (y no indígenas). Un ejemplo claro de ello surge del informe de Daniel Slutzky en el cual el autor hace notar la inviabilidad del concepto de explotaciones agropecuarias (EAP) para dar cuenta de la dinámica productiva de los pueblos indígenas (2008:32). Esta característica de los relevamientos realizados por el INDEC a través del Censo Nacional Agropecuario implica que los análisis que hagamos deben recurrir a información de casos, y más específicamente a datos relevados en trabajos de campo etnográficos. Sobre la base de relevamientos y documentación existente, intentaremos distinguir dos niveles de análisis: uno general que abarca al conjunto de los pueblos originarios de la Argentina y otro que distingue por regiones y en lo posible por provincias. Para lo cual se analizarán caracterizaciones sobre los aspectos productivos, ambientales y territoriales y su relación en el ámbito de regiones, y se tomarán en algunos momentos casos “paradigmáticos” es decir representativos de dicha región como una manera de ilustrar con cierta profundidad la situación. 2- Los Pueblos Originarios en Argentina. Una Caracterización Problemática. Cuando los especialistas se remiten a la caracterización de la población indígena Argentina presentan una serie de resguardos previsibles frente a una problemática reconocidamente compleja, máxime teniendo en consideración ciertos rasgos prototípicos de la cultura hegemónica nacional. Es que, históricamente, desde el punto de vista de la denominada “historia oficial” la República Argentina ha sido definida políticamente y caracterizada sociológica y antropológicamente como una nación “sin indios”, o como lo expresara el reconocido sociólogo brasileño D. Ribeiro un país de pueblos transplantados. Contrafácticamente una nación constituida demográfica y culturalmente por pueblos trasplantados “que descienden de los barcos” es una nación que no reconoce pueblos originarios. Esta situación incluso ha intentado validarse desde una política censal: No hay indicaciones censales a lo largo de la historia sobre la pertenencia a identidades aborígenes de grupos poblacionales3. 3 En realidad, el Primer Censo Nacional de Población realizado en 1869 durante la presidencia de Sarmiento había arrojado sólo para el Territorio Nacional del Chaco un total de 45.291 indígenas. Sin embargo ningún informe de la época tenía en cuenta los datos sobre la población indígena. Mucho menos aún informes y documentos posteriores ya que los censos siguientes omitieron toda mención sobre población indígena en Argentina. 6 �Sin embargo estos discursos políticos y académicos apuntan a desconocer el proceso histórico de conquista y apropiación territorial por parte del estado y agentes privados poderosos. Semejante desconocimiento del proceso histórico ha sido señalado en distintas oportunidades por historiadores, sociólogos y antropólogos. Así, una parte significativa de los investigadores y académicos que se han especializado en el tema sostienen que la relación de los pueblos originarios con los conquistadores españoles, primero, y con el estado nacional, a partir de mediados del siglo XIX, ha estado definida por el sojuzgamiento militar, el etnocidio, la expulsión o incorporación al sistema de expansión agrícola-ganadero y agroindustrial de los sobrevivientes de acuerdo al modelo de desarrollo económico preponderante en cada región. Todo ello en sintonía con el intento de aculturación mediante distintos programas estatales y/o de evangelización y cuyas consecuencias se observan en la desestructuración de las modalidades prototípicas de organización social, política y económica, la expropiación territorial y la degradación cuando no exterminio de los recursos naturales que configuraron su base de sustentación alimentaria (Trinchero, 1987, Trinchero; Piccinini & Gordillo,1992; Balazote & Radovich, 1992; Vázquez, 2000; Hidalgo & Tamagno, 1992; Bechis, 1992; Golluscio, 2002). Este relativo consenso tiende, no obstante, y más allá de la voluntad de los propios investigadores, a invisibilizar una situación tal vez paradojal si lo comparamos con el resto de América Latina: durante el período de conquista española y por el particular escenario que ocupaban los territorios del Río de la Plata en la economía colonial, una gran parte del territorio que era habitado por poblaciones indígenas no fue efectivamente ocupado por los conquistadores ni sus descendientes, lo que configuró una situación particular de “pactos y acuerdos” con las distintas “naciones” indígenas con tal de preservar el principal objetivo económico de los conquistadores en los territorios del Cono Sur: rutas alternativas a la salida de los metales preciosos (Trinchero, 2000; 2006). Esto implicaba, más allá incluso de intervenciones punitivas (cuando los conquistadores suponían una ruptura de determinado pacto), una cierta política de reconocimiento que incluso se profundizó durante el período independentista. Sin embargo hacia mediados del siglo XIX y con el proceso denominado de “formación del Estado Nacional” en consonancia con la incorporación del hinterland al proceso de producción de alimentos para el mercado mundial, se produce un profundo viraje en la política hacia los pueblos originarios y el mismo consiste lisa y llanamente en su negación como ciudadanos del nuevo Estado. 4 Es indiscutible el hecho de que con la reafirmación de la democracia en el país, la reforma constitucional de 1994 se ha planteado un retorno a la política de reconocimiento de las poblaciones indígenas. Así, por ejemplo, la reforma constitucional de 1994 define en su artículo 75 inc. 17 como atribución del Congreso de la Nación, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Asimismo, reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano. Garantiza también su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Por su parte, el inciso 19 define también como atribución del Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. El inciso 22 adopta, con rango constitucional, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por otra 4 Tal como lo plantea H. Trinchero en distintos textos, la Constitución Argentina de 1853 reconoce los pactos preexistentes sólo en aquellas ocasiones que involucran a los caudillos provinciales, pero con los pueblos originarios y las “naciones” indígenas no hay pacto alguno que valga. A partir de allí comienza el proceso de invisibilización jurídico-política de la población indígena y un modelo de modernidad excluyente y justificadora de políticas de exterminio hacia las mismas mediante las eufemísticamente llamadas “campañas al desierto” (Trinchero, 1992, 2000, 2006). 7 �parte, la ley 24071 adopta el Convenio 169 de la OIT, habiéndose depositado el instrumento de ratificación en las instancias correspondientes durante julio del 2000. En conjunto, todos estos cuerpos legales constituyen un avance en relación con el anterior marco jurídico de la Constitución de 1853 que preveía como atribución del Congreso conservar el trato pacífico con los indios (sic) y promover su conversión al catolicismo. Hemos señalado algunos avances en la política de reconocimiento. Estos avances están en consonancia con la incorporación de derechos indígenas en reformas constitucionales latinoamericanas posteriormente a los regímenes dictatoriales en la región, caso Brasil, Paraguay y Bolivia. No obstante, lo anterior no es sólo parte del proceso democratizador sino que también es paralelo a las reformas del Estado en el Cono Sur durante la década de los 90´s orientadas a la desregulación y retirada de la injerencia estatal en la provisión de servicios y coberturas sociales básicas. Así, estas políticas han operado en un sentido inverso al reconocimiento de los derechos indígenas, pues contribuyeron a la exclusión y pauperización de las poblaciones más vulnerables y entre ellas los pueblos originarios. Más allá, entonces, de la vigencia de las normativas mencionadas, en los hechos se observa una escasa implementación de los mandatos constitucionales, lo que implica una gran distancia entre la letra jurídica y la producción de políticas concretas. Por ejemplo, muy poco se ha avanzado en una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas, como es la de “asegurar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Son muy escasos los casos de “regulación dominial” y menos aún aquellos casos en los que se reconoce la propiedad/posesión comunitaria. Los programas de regularización dominial proceden con excesiva lentitud. En los pocos casos instrumentados, lejos se está aún de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Además debe tenerse en cuenta no únicamente el acceso al recurso (tierra) sino a la calidad del mismo y en cantidad suficiente que garantice la implementación de determinado proyecto productivo. Poco o nada se ha realizado, al menos como esfuerzo de política pública, para generar estudios sobre modelos productivos y tipos de EAP (Emprendimiento o unidad de producción agropecuaria) que tome en cuenta las modalidades de producción y reproducción económica y social de las unidades familiares y comunidades indígenas. Ahora bien, independientemente de la debilidad de las políticas públicas hacia las poblaciones indígenas del país, existe un proceso económico estructural en el cual la expansión de la frontera agraria y la concentración económica rural ha avanzado incluso sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios (aunque no sólo de ellos) reconocidas constitucionalmente, lo que constituye un verdadero obstáculo muy difícil de superar en las actuales condiciones económicas. Es decir, existe una contradicción muy fuerte entre el conjunto de normativas jurídico-políticas tendientes a garantizar un conjunto de derechos por parte de los pueblos originarios y la estructura agraria del país que se articula con un modelo agro exportador y de concentración fundiaria y empresarial. Tal vez, los problemas que son posibles de detectar con relación al reconocimiento del derecho a la identidad se relacionan con aquella contradicción señalada. En este sentido, es posible detectar que en la mayoría de los casos, por más que la normativa estipula el criterio de autoafirmación como base para definir la identidad indígena, en la mayoría de los pleitos en los que intervienen instancias judiciales y administrativas por lo general no se aplica este criterio, siendo el estado y sus instituciones quienes pretenden juzgar quién es o debería ser indígena. Tampoco debe perderse de vista que los pueblos originarios de la República Argentina se encuentran hoy en las regiones donde existen los mayores índices de pobreza. Se hallan por tanto entre los grupos poblacionales con mayores dificultades de acceso a servicios 8 �esenciales de salud, vivienda, educación, como así también a los recursos, particularmente a la tierra y al trabajo. 2.1- Sobre definiciones y clasificaciones Si partimos de lo señalado anteriormente, podremos observar también que no sólo el Estado se enfrenta a aquella contradicción entre el derecho a la identidad de los pueblos originarios y sus implicancias y posibilidades. El campo académico e investigativo especializado en la temática en no pocas oportunidades también quedan desorientados frente a la cuestión. Así mientras se afirma el criterio de auto reconocimiento, se escriben innumerables páginas acerca de la definición de indio, indígena, grupo étnico, comunidad, pueblo, nación, etc. Con el objetivo de problematizar también la cuestión y en aras de situarnos frente a propuestas concretas vamos a discutir algunas líneas conceptuales que trasciendan la caracterización fenomenológica de los sujetos involucrados, es decir partiendo del criterio que ni al Estado ni a los científicos les corresponde definir quién es o no es indígena, a riesgo de involucrarse con políticas inconducentes y anticonstitucionales. Para desarrollar este punto de vista sobre el tema será necesario remitirnos a lo considerado ya en el “Diagnóstico preliminar Proyectos del Programa Social Agropecuario con relación a los pueblos Originarios” (Leguizamón, Valverde y Morey, 2007), en el que se afirma que en las últimas décadas la antropología ha comenzado a utilizar crecientemente como concepto para la pertenencia a cualquier otro grupo étnico, el auto reconocimiento. Para la adopción de dicha categoría, un importante aporte lo constituyó la obra de Fredrik Barth sobre los grupos étnicos y sus fronteras (escrita en 1969 y traducida al castellano en 1976), ya que se impuso una apertura hacia nuevas miradas. Sus conceptos significaron una ruptura respecto de los abordajes “culturalistas” dominantes hasta los años ’40 y ’50. Aquellas perspectivas, definían “lo indígena” sobre la base de rasgos culturales “estáticos” e identificaban “una raza con una cultura” (Hidalgo, 1992). A continuación enumeramos los criterios sobre los que tales abordajes construían la categoría de indígena y describimos las limitaciones inherentes a cada una de estas definiciones: 1) Criterio biológico: El uso de criterios biológicos está asociado estrechamente con la concepción del indígena en términos raciales, lo cual resulta obsoleto dada la amplitud de la miscegenación ocurrida entre las diferentes poblaciones. Se apela en estos casos a la “pureza de raza” sin considerar la historia como factor inherente a la conformación de poblaciones basadas en el intercambio, y sin considerar la cultura como espacio no biológico, propio del campo social, ambiente a partir del cual nuestra especie se constituye en subjetividades particulares. 2) Criterio de enumeración de rasgos culturales: utilizado para concebir de manera “estanca” a los grupos étnicos. Son atributos que se deben cumplir para pertenecer a la categoría. Aquí se reemplaza la idea de “pureza de raza”, por la de “esencia cultural”, ya que tampoco se contempla un proceso de conformación histórico fundado en una relación social desigual. Tampoco se considera el cambio, como si las culturas permanecieran estáticas. 3) Criterio lingüístico: es utilizado como indicador para las estimaciones censales en países como México en el cual siguen preservándose las lenguas indígenas. Sin embargo el uso de las lenguas aborígenes tampoco resulta un indicador suficiente. El ejemplo más extremo de la falta de correspondencia entre la población hablante de un idioma indígena y el grupo social denominado “indio” lo podemos encontrar en el vecino país de Paraguay, dónde el 80% de los habitantes hablan el Guaraní y sólo el 2,6% de la población total es considerada indígena (Bonfil Batalla; 1992: 25-26). Coincidimos con Bonfil Batalla (1992) en cuanto a la inconsistencia del criterio lingüístico como indicador de la pertenencia a un pueblo indígena, 9 �en especial cuando tal como encontramos en el caso mapuche, les ha sido impuesta otra lengua. 4) Criterio etnocéntrico o definición por la negativa: este criterio consiste en definir a las poblaciones a partir de la negación de rasgos y atributos generados por la sociedad occidental. Son sociedades sin Estado, sin economía, sin escritura, sin religión, etc. En este caso se los define a partir de la carencia, de aquello que no poseen culturalmente. Este planteo remite a cierto etnocentrismo ya que se supone que se trata de poblaciones en un estadio evolutivo inferior al occidental por lo que aún no desarrollaron las instituciones propias de la modernidad. En contraste con estas acepciones, y desechando la ecuación de una “raza = cultura”, propia de los enfoques culturalistas, Barth enfatizó: “(…) el hecho que los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen la característica de organizar la interacción entre los individuos” (1976:10-11). Por esto a partir de la gran influencia de la obra de Barth, los antropólogos van a resaltar el carácter subjetivo y relacional de las identidades sociales5. Con respecto al primer aspecto, esto es la auto-percepción (es decir el auto reconocimiento como indígenas) constituye una variable central ya que implica la representación subjetiva de valores que sirven a la perpetuación de identidades, en este caso la pertenencia a los diferentes pueblos indígenas. El otro elemento que a partir de los 70’ los antropólogos van a considerar como central, esto es, el carácter relacional de las identidades, es el que nos permite comprender el concepto mismo de “indio” o “indígena”. En este sentido a principios de los ’70, Bonfil Batalla va a advertir que la categoría supraétnica de “indio” constituía una forma de designar al colonizado dentro de una estructura colonial que incluía al colonizador. De acuerdo a lo planteado por este autor, la definición de “indio” no se basa en el análisis de las particularidades propias de cada grupo ya que el espectro de variaciones es tan amplio que ninguna definición a partir de sus características internas puede incorporarlas a todas. Pensemos que como tal categoría de “indio” designa en el momento de la conquista desde los cazadores – recolectores del Amazonas hasta las altas culturas estatales de Meso América y los Andes. Por el contrario, la categoría de indígena no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una relación en el sistema social global del que los mismos forman parte. De hecho, el “indio” como categoría genérica e indiferenciada que abarca la totalidad de pueblos originarios, solo tiene sentido en el contexto del orden colonial, cuya característica es identificar a los pueblos colonizados en oposición a los colonizadores (Bonfil Batalla, 1992: 25-26). Por esto las definiciones que atienden a rasgos “estáticos” o no consideran el lugar de las poblaciones indígenas en la totalidad del contexto social y el carácter históricamente determinado de la relación entre los pueblos originarios y el Estado-nación, no son herramientas válidas para el análisis en la medida en que no permiten comprender los procesos a través de los cuales se reproducen y resignifican las identidades étnicas – al igual que las restantes identidades sociales -. Por esto las definiciones o lecturas efectuadas por tales abordajes sólo pueden definir a los grupos indígenas “por lo que no son” en lugar 5 Esto es igualmente válido para una multiplicidad de antropólogos que van a criticar a Barth por no considerar lo suficiente las interacciones entre grupos étnicos en el marco de un sistema social determinado. No obstante, estos especialistas, van a rescatar del mismo y enfatizar el carácter subjetivo de estas identidades (Cardoso de Oliveira, 1992; Bartolomé, 1997; Díaz Polanco, 1995; Bechis, 1992; Trinchero, 2000; Vázquez; 2000; Balazote, 1994 y Radovich, 1992). 10 �de atender a los complejos procesos que intervienen en las relaciones interétnicas en el devenir histórico. En Argentina se considera oficialmente como criterio válido para la definición de lo indígena este concepto dominante en la Antropología de la auto-percepción. Por ello es que en el censo efectuado en el año 2001 se entrevistó a la población indígena residente en el medio rural y en el urbano, utilizando como criterio el auto reconocimiento como forma de análisis de la población indígena6. 3- Población Indígena Estimada y Censada. Para una evaluación cuantitativa de la cantidad de población indígena y su distribución resulta interesante distinguir entre estimaciones y estudios censales, unas y otras contienen implícitamente apreciaciones subjetivas que es necesario considerar a la hora del análisis. Según una estimación efectuada en el año 1988, en América Latina existirían 40 millones de indígenas distribuidos de forma sumamente heterogénea (Iturralde, 1995:116). Esto se debe a la proporción variable en que intervino la población originaria en lo que hoy conforma cada país, así como a las condiciones concretas de la dominación colonial (Bonfil Batalla, 1991:24). El 90% de la población originaria corresponde a Meso América (México, Centroamérica y Panamá) y Los Andes (norte de Chile y Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las tres regiones restantes (Amazonia, Cono Sur y Caribe) concentran sólo el 10% de la población originaria del sub-continente. Argentina es uno de los países con menor proporción de indígenas en su conformación nacional (1% o 2%). En otros casos, la población originaria es mayoritaria -tal es el caso de Bolivia (71%) y Guatemala (66%)-, o bien representa una proporción muy significativa, como el caso de Perú (47%) o Ecuador (43%). Sobre un total de 32 países que integran el continente americano, Argentina ocupa el puesto 28 en cuanto a la incidencia relativa de sus poblaciones originarias en la conformación nacional (Iturralde, 1995:117-118). Sin embargo y sobre todo para el caso argentino resulta muy difícil tomar fielmente los datos existentes como representativo, según veremos. Aún así, y aunque esta cifra no exprese fehacientemente la presencia de dichos pueblos en la población Argentina, la misma constituye un indicador estadístico que al menos implica su reconocimiento. Puede considerarse incluso que esta cifra sub-representa dicha presencia. Independientemente de ello, las mismas indican que como porcentaje de la población total los indígenas en Argentina son numéricamente más representativos respecto a la población total que, por ejemplo, la población total de Brasil, sin embargo a nadie se le ocurriría plantear que en Brasil no hay indígenas. Esto implica que más allá de las estadísticas existe un hecho histórico que indica que los pueblos originarios -la población indígena- no ha sido reconocida como parte de la formación social, cultural y política de la nación, independientemente que desde hace ya varios años exista una legislación que intente revertir esta situación. El último Censo Poblacional argentino (2001), incluyó por primera vez en tiempos recientes una variable que intentaba registrar la pertenencia indígena de la población censada. A partir de una pregunta sobre la pertenencia y/o la descendencia de algún pueblo indígena se obtuvo una cifra de población total indígena de 1.117.746, de los cuales 554.127 son 6 Un importante antecedente de medición de la población indígena en la Argentina fue el Censo Nacional Indígena (C.N.I.) realizado durante los años 1966/67, donde los datos dieron cuenta de una población indígena de algo más de 250.000 personas en Argentina, lo que representa algo más del 1% de los habitantes. En algunos departamentos de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chaco y Formosa, pueden llegar a representar el 30 o 40% de la población total. Sin embargo, es importante destacar que en este censo sólo se tomó a la población que vivía en reservas o en comunidades, excluyendo a quienes habían emigrado a las ciudades o habitan en forma dispersa en áreas rurales (Radovich y Balazote, 1992:10). 11 �varones y 563.619 mujeres. El Censo distingue la localización poblacional entre población urbana (agrupamientos con 2000 o más personas) población rural agrupada (menos de 2000 personas) y población rural dispersa. Cuadro Nº 1 Población indígena total por sexo según localización Localización Varones Mujeres Total 448.597 467.408 916.005 Urbana 30.477 29.837 60.314 Rural agrupada 75.053 66.374 141.427 Rural dispersa 554.127 563.619 1.117.746 Total Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Es importante señalar el número de población indígena urbana (916.005 sobre un total de 1.117.746) según el criterio de localización seguido por el Censo. Por lo que prácticamente el 82% de la población indígena se encuentra asentada en ámbitos urbanos y quedarían sin contemplar en este informe dedicado a la población indígena “rural”. Veremos, más adelante criterios de estimación alternativos. La cantidad de Hogares que tienen algún miembro que se considera indígena es de 281.959, es decir prácticamente el 3% de los hogares totales. Al mismo tiempo el Censo Nacional de Población ubica claramente a la población indígena en un porcentaje mayor que la población general dentro de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Así, 66.187 hogares indígenas se encuentran con sus necesidades básicas insatisfechas, es decir el 23,47% del total de hogares indígenas, mientras que para el resto de los hogares es del 11,41%. Al igual que la población, la localización de los hogares es en su amplia mayoría urbana (el 85% en este caso). Es necesario ser conscientes de los problemas que conlleva el criterio de autoadscripción en la implementación de la pregunta sobre pertenencia y/o descendencia indígena de las personas y los hogares. Así por ejemplo, si se cruzan los datos numéricos de la población que se reconoce indígena con nacionalidad de origen tenemos un número importante de registros de personas que se reconocen indígenas pero que son nacidos en España, Italia, y números menores nacidos en muchos otros países del mundo, lo cual es un absurdo. Para el caso sólo podría tenerse en cuenta la población inmigrante de países vecinos que se reconocen indígenas como el caso de nacionalidad Boliviana, Paraguaya, Chilena, brasileña, peruana y uruguaya ya que pueden reconocerse en identidades étnicas cuyos grupos residen tanto en dichos países como en Argentina. Independientemente de esto la sola pregunta del Censo no garantiza un criterio de autoadscripción sobre la categoría indígena ya que dicha pregunta en sí da lugar a distintas interpretaciones (confundiendo muchas veces pertenencia con apoyo a la causa indígena o bien originario de determinada localidad en su país de origen, etc.). Es por ello que, aún con problemas, los datos que mejor representan una estimación de la población indígena en Argentina es la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. A partir de los datos recabados en el Censo efectuado en el año 2001, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas dentro del período 2004 – 2005 (ECPI). El objetivo de este trabajo, ha sido cuantificar y caracterizar la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente de pueblos indígenas. En este estudio, para identificar la población se respetó la declaración de las personas entrevistadas y se combinaron dos criterios: la autoidentificación o auto 12 �reconocimiento de la pertenencia a un pueblo indígena y la ascendencia indígena en primera generación (INDEC, 2004-2005). En el informe presentado al PSA por parte del equipo del Programa, se mencionaba que: “De acuerdo a los resultados de la ECPI en la Argentina hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas” (2006: 8). Esta evaluación debe también ser revisada a la luz del criterio de autoadscripción propuesto. A continuación, en el Cuadro 5 se presentan los datos agrupados sobre la población indígena clasificada según los dos criterios utilizados. CUADRO N° 2: Población según Modos de Auto reconoci miento y Ascendencia Indígenas. Total del País. Años 2004 Y 2005 Modos de reconocimiento Población censada Se reconocen pertenecientes a un pueblo indígena (*) 457.363 No se reconoce perteneciente a un pueblo indígena y desciende de 142.966 pueblos indígenas en primera generación Total 600.329 Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. La población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena está clasificada sobre la base del criterio de auto reconocimiento, independientemente del hecho que la persona censada tenga ascendencia indígena o no. Pero también en el censo se efectúa la pregunta complementaria que indaga acerca de la descendencia que posee de población indígena. El 93,4% de la población que se reconoce perteneciente a un pueblo indígena desciende de ese pueblo indígena en primera generación por parte de padre y/o de madre (INDEC, 20042005). Cuando afirmamos anteriormente que, la evaluación realizada en torno a que habría 600.329 pobladores indígenas debe replantearse, es porque aquellos que no se reconocen como pertenecientes a un pueblo indígena, no deberían considerarse como parte del universo si es que el criterio seguido es el del auto reconocimiento, independientemente que posean ascendencia indígena en primera generación. Por lo tanto, siguiendo la Encuesta Complementaria como referente para establecer cuál es la población indígena del país, la cifra que corresponde es la de 497.647 pobladores, que incluso habría que depurar ya que hay casos de doble adscripción que representan una cifra cercana al 6% de los casos. Al visualizar la pertenencia a los diferentes pueblos indígenas asentados en todas las provincias del país, observamos que los pueblos mapuche, kolla, toba, wichí y diaguita/diaguita calchaquí en conjunto agrupan más de la mitad de la población relevada. En el siguiente Cuadro 3 se presenta la población indígena según el pueblo indígena de pertenencia y/o ascendencia en primera generación. De acuerdo a los datos aportados por el Cuadro, el pueblo mapuche es el más numeroso (113.680 integrantes); seguido por el pueblo kolla -70.505-, toba -69.452-, wichí -40.036-y diaguita/diaguita calchaquí con 31.753, sumando estas cinco etnias representan casi el 54,2% de la población indígena de nuestro país. Luego siguen en importancia otros pueblos como el guaraní, avá guaraní, tupí guaraní, mocoví, huarpe, comechingón, tehuelche, rankulche, mbyá guaraní, quechua, tonocoté, charrúa, pilagá, chané y aymará, sumando estas etnias el 26,6% de la población indígena. Tomando en conjunto las primeras 20 etnias en orden de importancia conforman más del 80% de los habitantes indígenas. Seguidamente 10 grupos poseen menos de 4000 integrantes y más de 500, los que se encuentran discriminados numéricamente. Por último, surgen diferentes menciones a etnias con menos de 500 habitantes agrupados bajo el agrupamiento de “otros” (INDEC, 20042005). 13 �CUADRO N° 3: Población Por Pueblo Indígena. Total D el País. Años 2004 Y 2005 (*) Pueblo indígena Población Mapuche Kolla Toba Wichí Diaguita/diaguita calchaquí Guaraní Ava guaraní Tupí guaraní Mocoví Huarpe Comechingón Tehuelche Rankulche Mbyá guaraní Quechua Tonocoté Charrúa Pilagá Chané Aymará Atacama Chorote Pampa Omaguaca Lule Querandí Ona Sanavirón Chulupí Tapiete Subtotal Otros pueblos declarados (**) Subtotal Pueblo no especificado (***) Subtotal Sin respuesta Total 113.680 70.505 69.452 40.036 31.753 22.059 21.807 16.365 15.837 14.633 10.863 10.590 10.149 8.223 6.739 4.779 4.511 4.465 4.376 4.104 3.044 2.613 1.585 1.553 854 736 696 563 553 524 497.647 3.864 501.511 92.876 594.387 9.371 603.758 Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005 Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Referencias: (*) La sumatoria de las categorías de este cuadro supera en un 0,6% el total de población indígena presentado en el Cuadro 1 debido a que la población que no se reconoce perteneciente a ningún pueblo específicamente y tiene ascendencia indígena mixta (sus progenitores pertenecen a distintos pueblos indígenas) está contada en uno y otro pueblo indígena simultáneamente. (**) Incluye, entre otros, los casos registrados con las siguientes denominaciones: abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela. No se brindan datos por separado para cada denominación debido a que la escasa cantidad de casos muestrales no permite dar una estimación de cada total con la suficiente precisión. 14 �(***) Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue “ignorado” u “otro pueblo indígena”. Debe tenerse en cuenta que la ECPI 2004-2005 adolece de similares problemas metodológicos que el Censo dado el carácter adscriptivo de la pertenencia y es por ello que los organismos tienden a no considerar como relevantes los datos estadísticos sobre población indígena y continúan estimando la población por otras vías. A continuación, presentamos las estimaciones que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre la población indígena en Argentina. En el Cuadro 4 se presenta la estimación de la cantidad de población indígena por provincia y en el Cuadro 5 por grupo étnico. Se estima entonces que en la Argentina viven entre 800.000 y 1.000.000 de indígenas (CERDIC/338/Add.9). La zona del NORTE (Salta, Jujuy, Formosa y Chaco) es la más densamente poblada. Ella reúne más del 60% de la población indígena total del país. Las etnias que habitan en la zona son: kollas, tobas, chorotes, chulupíes, wichís, pilagá. La zona SUR, donde reside el Pueblo Mapuche-Tehuelche, reúne casi el 20% de la población indígena del país. Ella tiene la población indígena concentrada en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El 20% restante se reparte en núcleos dispersos en diferentes zonas del país, Noreste, centro norte y las periferias de los centros urbanos. Sin embargo las estimaciones que se han venido realizando sobre la población indígena en el país adolecen de criterios mínimamente homogéneos y confiables, incluso aquellas realizadas desde los organismos directamente involucrados como el INAI. Así por ejemplo si comparamos las estimaciones realizadas por provincia, la población alcanza un total de 858.500 pobladores pertenecientes a la categoría “indígena”, mientras si consideramos los datos por grupo/comunidad o pueblo la cifra es prácticamente la mitad. Las inconsistencias en las estimaciones sobre población indígena en Argentina son el producto, tal como hemos señalado precedentemente, de una política de invisibilización sistemática desde los inicios mismos de la formación del Estado-Nación moderno en Argentina. Este no-reconocimiento ha generado paralelamente un desinterés por incorporar la temática a los Censos de Población, entre otras posibilidades. Ello ha dado lugar a estimaciones que se reproducen consensuadamente sin que se hayan analizado críticamente posibles inconsistencias. A partir del análisis los cuadros que siguen, que recogen información que detentan algunos organismos públicos dedicados a la temática se intentará mostrar el carácter poco sistemático de las estimaciones realizadas sobre la población indígena existente en el país. Lo cual no deja de ser preocupante, pues sin información demográfica certera es difícil implementar políticas públicas coherentes. 15 �CUADRO N° 4: Población Indígena Estimada por Provin cia Provincia Población Indígena estimada Número de % personas Salta 155000 18 Jujuy 145000 17 Formosa 140000 16 Chaco 140000 16 Chubut 65000 7.6 Neuquén 65000 7.6 Río Negro 65000 7.6 Santa Fe 40000 4.7 Buenos Aires 20000 2.3 Tucumán 10000 1.2 Misiones 4000 0.5 Santiago del Estero 4000 0.5 La Pampa 3500 0.4 Santa Cruz 500 0.1 Tierra de Fuego 500 0.1 Mendoza 500 0.1 San Juan 500 0.1 Totales 858.500 100 Fuente: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Plan Nacional CUADRO N° 5: Población Indígena Estimada por Grupo Étnico Grupo Étnico Población estimada Toba 60.000 Pilagá 5000 Mocoví 5300 Wichí 80.000 Chorote 900 Chulupí 1.200 Mbyá-Guaraní 3000 Chiriguano 21.000 Tapiete 600 Chané 1400 Mapuche 90.000 Tehuelche 2200 Diaguita-Calchaquí 6.000 Kolla 170.000 Total 451.300 Fuente: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Plan Nacional 16 �Mapa Nº 1: Ubicación de los pueblos originarios reconocidos por el INAI Fuente: RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 17 �A continuación se expone un cuadro comparado de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre los pueblos indígenas reconocidos como residentes en Argentina CUADRO N° 6: Composición Étnica de la Población Ind ígena del País Grupos y/o Comunidades y/o pueblos que componen la población indígena residente en la Argentina por provincias según las fuentes que se indican. Provincia INAI (ReNaCI) Endepa (1992) Jujuy Atacama – GuaraníOmaguaca-OcloyaTilián Ocloyas – Ava guaraníKolla- WichíCalchaquí- Lule – Chané Guaraní – Guaraní –Chorote Diaguita-Calchaquí Kolla – Chiriguano Salta7 Endepa (2001) http://madryn.com/pm/endepa/m apa Kolla-Chiriguano-Tapiete-Chané Wichí- Chorote – Chulupí – Toba – Tapiete – ChanéChiriguano – Kolla Wichí- Chorote – Chulupí – KollaChiriguano-Tapiete-Chané Wichí - Pilagá - Toba Diaguita-Calchaquí Diaguita-Calchaquí Diaguita-Calchaquí Wichí - Pilagá - Toba Chaco Toba – Mocoví - Wichí Toba – Mocoví - Wichí Santiago del Estero San Luís San Juan 9 Misiones Corrientes Entre Ríos Santa Fe10 Córdoba11 Buenos Aires Mendoza La Pampa Neuquén Río Negro12 Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Tonocoté - Surita Diaguita-Calchaquí Diaguita-Calchaquí Diaguita-Calchaquí Diaguita-Calchaquí Wichí- Chorote – Chulupí – TobaPilagá- Mocoví Wichí- Chorote – Chulupí –– TobaPilagá- Mocoví Diaguita-Calchaquí Guaraníes Huarpe – Vilela – Ranquel Diaguita-Calchaquí Guaraníes (Mbyá – Chiripa) Toba - Mocoví Toba - Mocoví – Toba- Pilagá- Mocoví - Tupí Guaraní Toba – Mapuche Pampa – Mapuche – Tehuelche Huarpe Ranquel Mapuche Mapuche Mapuche Mapuche Mapuche Huarpe – Vilela Ranquel – Mapuche – Tehuelche Mapuche – Tehuelche Mapuche - Tehuelche Tucumán Catamarca La Rioja 8 Formosa Huarpe Mapuche Tehuelche Tehuelche Mapuche – Tehuelche Mapuche – Tehuelche Selk’Nam Tehuelche Ona y Yamana criollos 23 etnias (3 parcialidades guaraníes) 14 etnias 20 etnias 7 La ley provincial 7121 reconoce la residencia en la provincia de 8 etnias. La ley provincial 426 reconoce la residencia de las etnias Wichí - Pilagá – Toba en la provincia de Formosa 9 La ley provincial 2727 reconoce la residencia de la etnia guaraní en la provincia de Misiones. 10 La ley provincial 11078 reconoce la residencia de las etnias toba y mocoví en la provincia de santa Fe. 11 En la ciudad de Córdoba se dan situaciones de bilingüismo. 12 La ley 2287 reconoce la etnia mapuche residente en la provincia de Río Negro. 8 18 �Se han analizado los datos suministrados por el informe Golluscio (op. cit. 2002). En el mismo, se reconocen 13 grupos o comunidades étnicas y un total mínimo de población de 364.900 pobladores indígenas y un máximo de 592.190. Si se comparan estas cifras con los 24 grupos o pueblos originarios que reconoce el INAI a partir del RENACI (Mapa 1), con los 858.500 pobladores que reconoce el INAI sumando la población por provincia, o bien los 451.300 pobladores indígenas que algunos documentos del mismo INAI reconocen cuando se analiza la población por grupo étnico, se tendrá una idea cabal de los problemas existentes para estimar adecuadamente y con alguna consistencia los datos sobre población indígena que se dan cuenta en informes, documentos y publicaciones.13 4- Criterios Utilizados para dar Cuenta de la Situación de los Pueblos Originarios con Especial Referencia a la Situación Productiva, Ambiental y Territorial. Si en los aspectos demográficos existe, tal como lo hemos observado, una notable escasez de información, cuando se trata de la situación productiva y ambiental la cuestión empeora aún más. Entonces, para dar cuenta del tema se deberá recurrir a determinadas investigaciones empíricas y a ciertos análisis antropológico-económicos. Utilizaremos aquí la experiencia de investigación y el desarrollo conceptual generado en la cátedra Antropología Económica de la carrera de Ciencias Antropológicas cuya titularidad está a cargo del Dr. Héctor Hugo Trinchero, como así también a algunos desarrollos sostenidos en el Seminario de Antropología Rural de la misma carrera a cargo del Dr. Alejandro Balazote. Según nuestro entender, el primer criterio a tener en cuenta es aquel que concibe las prácticas económicas (productivas, de consumo, de circulación de bienes, ambientales, etc.) de las unidades familiares y comunitarias de las poblaciones indígenas insertas en la dinámica económica general. Es recomendable aquí superar el clásico dualismo en la interpretación de la estructura agraria (tradicional vs. moderno) que llevan a caracterizar a la dinámica económica de las comunidades indígenas (y campesinas) en el primer polo de la dicotomía, mientras que el polo “moderno” se encuentra constituido por las agroindustrias, los agro negocios y el proceso general de expansión de la frontera agraria y la concentración económica. La Antropología Económica ha demostrado cómo la economía doméstica es vital, en algunos casos, para el sostenimiento de tasas de remuneración de la fuerza de trabajo rural por debajo de la media nacional (Meillassoux, C. 1984; Balazote, A. 1995; Trinchero, H. 1992, 1995, 2000) Un segundo criterio que se desprende del anterior es analizar los modelos de articulación existente entre la economía doméstica rural de las comunidades y pequeños productores familiares (sin entrar aún en una conceptualización específica) y los frentes de expansión agrícola-ganaderos de tipo capitalista en la estructura agraria. Esto implica, nuevamente, dejar de conceptualizar las prácticas productivas y reproductivas de las comunidades indígenas en términos “tradicionales” (cazadores-recolectores, pequeños agricultores, etc.) ya que dichas prácticas muy variables adquieren una dimensión específica como parte de la producción y reproducción de la vida. El tercer criterio consiste en considerar como parte de la dinámica económica de las comunidades indígenas no únicamente aquellas que remiten a las prácticas más prototípicas. Por ejemplo Mapuches crianceros de ovejas, Wichí, recolectores-cazadores-pescadores, etc. sino incorporar también las nuevas formas de inserción de las comunidades y poblaciones indígenas en proyectos productivos regionales de alto impacto en el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo en Turismo, artesanías para el mercado europeo, rentas derivadas del usufructo de territorios. Definitivamente las distintas prácticas productivas con sus respectivas 13 Debe considerarse que los datos del informe Golluscio son previos al Censo de población 2001. A su vez, es necesario mencionar que ese cuadro presenta un error de contenido al considerar a grupos “chaqueños” dentro del clasificador Patagónicos”. Seguramente un error de tipeo. 19 �consecuencias e impactos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas se encuentran integradas a la dinámica de la economía rural regional. Si se quieren estimar y analizar los aspectos socio productivos de la población indígena en Argentina como en cualquier parte del mundo es necesario recurrir a aproximaciones sobre todo, aquellas que aportan, entre otras, las disciplinas antropológicas económicas y ecológicas con el objeto de dar cuenta de aquellos procesos cambiantes de los sujetos y los grupos productivos que utilizan modalidades de tenencia y/u ocupación precaria de la tierra, modalidades de uso comunitario de los espacios territoriales, o bien prácticas relativamente consuetudinarias de usufructo del ambiente y el territorio, como ser aquellas prácticas de la recolección, la pesca y la caza, entre otras múltiples formas de organización del trabajo familiar y comunitario orientadas antes hacia la reproducción y luego hacia el mercado. Pero no solo hay que tener en cuenta la dinámica productiva y reproductiva doméstica tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario, sino también articular esta mirada con la inserción de las comunidades indígenas en el mercado, ya sea como ofertantes y demandantes de bienes, también como fuerza de trabajo que es empleada en distintos emprendimientos agronómicos y cuyo nivel de empleo y de ingresos es relativamente dependiente de la capacidad de la economía doméstica de sostener la reproducción. Caracterizar correctamente el modo de inserción de las economías indígenas en las estructuras agrarias regionales, permitirá generar algunas orientaciones para la intervención pública en dichos espacios con el objetivo de mejorar las precarias condiciones de vida que hoy padecen. 5- Análisis de la situación de los pueblos originarios de la Argentina con especial referencia a la situación Productiva, Ambiental y Territorial. Una perspectiva general. Siguiendo la bibliografía y estudios especializados, un fenómeno que es necesario caracterizar correctamente es el proceso de expansión de la frontera agropecuaria y la concentración económica en las distintas estructuras rurales. Un proceso que “afectó a los pequeños productores, ocupantes tradicionales de tierras fiscales y privadas, comuneros, pueblos indígenas y aparceros precarios, ha sido la revalorización productiva y económica de amplias áreas del país, principalmente en el NOA y NEA. Extensas superficies de monte ya degradado por la extracción maderera y la explotación ganadera, son deforestadas para ser incorporadas a la producción agrícola en general, con predominio de soja” (Slutzky, 2008:5). Este fenómeno ha puesto en jaque en las últimas décadas a la dinámica productiva y reproductiva de los pequeños productores rurales campesinos e indígenas, como así también la viabilidad de los ecosistemas en los que dichas poblaciones producen y garantizan sus condiciones de existencia. Es posible sostener con la mayoría de los especialistas en el tema que las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, prácticamente duplican el área agrícola con explotaciones de corte capitalista entre 1988 y 2002, proceso que continúa en la actualidad. Estas provincias son las que mayor índice de población indígena rural presentan y, además, debe considerarse que la duplicación del área agrícola no se debe precisamente a cultivos y actividades domésticas de los pequeños productores campesinos y de las comunidades indígenas, según veremos más adelante. En otras provincias, como es el caso de Misiones y Corrientes, la revalorización de sus tierras es vehiculizada por el desarrollo de la foresto industria (...) Innumerables conflictos se generan ante esta situación en que empresas y propietarios individuales, muchos de ellos con títulos de dudosa legitimidad, intentan por todos los medios incorporar esas tierras “libres” de ocupantes a las nuevas actividades productivas” (Slutzky, 2008:6). 20 �Dichos conflictos provienen precisamente por el efecto expulsivo de población rural que en algunos casos, especialmente para los grupos indígenas implican comunidades enteras. Los datos intercensales que dan cuenta de este fenómeno expulsivo de población rural son muy genéricos en sintonía con lo que ya hemos planteado anteriormente. Sin embargo, algunos datos aunque generales son más que elocuentes con relación al proceso de expansión de la frontera, la concentración económica rural y la expulsión de productores y población en general. Siguiendo el estudio de Chris Van Dam (2008), donde compara los censos de 1988 y 2002, se puede observar que en esos 14 años, desaparecieron, alrededor del 25% de las EAPs. Estas se agregan a las que desaparecieron entre 1969 y 1988, es decir que, en un poco más de tres décadas (entre 1969 y 2002), desaparecieron casi la misma cantidad de EAPs que las existentes hacia el 2002 en todo el país (333.477). Esto incluye a todo tipo de explotaciones; ya sean propietarios, arrendatarios, aparceros, medieros u ocupantes. Y con la mano de obra, trabajadores y peones rurales, pasó algo parecido: en 2002 había 230.000 personas menos trabajando con relación a 1988, a pesar de que la producción se había incrementado varias veces en ese periodo”. En este contexto y ya en el ámbito nacional, la categoría de “ocupante de hecho” de tierras (es decir sin permiso), ya sea en tierras privadas o en tierras fiscales, ha ido perdiendo representatividad, y en 2002 sólo representan el 1% de las EAPs. Y eso se explica porque esta forma de tenencia de la tierra, que se concentraba y se siguen concentrando en el NOA, en el NEA y en la Patagonia, se ha ido reducido drásticamente en el periodo intercensal 1988-2002, lo que ha significado la expulsión de muchas familias de “ocupantes”, categoría en la que se incluyen la mayoría de las tierras ocupadas por comunidades indígenas (Van Dam, 2008:7-8). Este proceso de expulsión de población, como se dijo, ha impactado fuertemente en la dinámica de las comunidades y pueblos indígenas del país, generando un renovado proceso migratorio hacia las ciudades, cuya característica principal pareciera ser que dichas migraciones se producen hoy en día con mayor intensidad hacia las ciudades intermedias o capitales provinciales y no casi exclusivamente masivamente hacia el Conurbano bonaerense o Rosario como sucedía en la década de los años 60’s y 70’s. No existen datos que permitan dar cuenta fehacientemente de este fenómeno con relación a las comunidades indígenas en particular, pero sí es posible analizarlo en función del crecimiento exponencial que presentan las periferias de ciudades como Resistencia, Santa Fe, Tartagal, Neuquén, entre otras. Ahora bien, independientemente de este fenómeno estructural, las comunidades indígenas rurales intentan resistir aunque en condiciones desiguales a semejante dinámica expulsiva, reclamando los territorios que son, según una célebre frase “su almacén primitivo de víveres” y al mismo tiempo garantía de su supervivencia como pueblos originarios. Es por ello que la territorialidad es parte constitutiva de las principales demandas de las comunidades y pueblos indígenas rurales. Sin embargo y a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad de la tierra que usufructúan las comunidades indígenas, el proceso de entrega de las mismas es mínimo y no se cuentan, salvo excepciones, datos sistemáticos que reporten sobre el estado de situación de la cuestión. Para comprender con detenimiento la dinámica productiva de las comunidades, como ya se ha planteado, es necesario incorporar y relacionar el conjunto de actividades que realizan las unidades domésticas y las comunidades, mediante estudios sistemáticos que den cuenta de la complejidad de dichas dinámicas. Para comprender lo que estamos intentando plantear es importante ir brevemente a un par de ejemplos. 21 �En las comunidades Wichí-Chorote del Pilcomayo, las prácticas observables indican actividades típicas del ciclo anual de recursos (Pesca, recolección, caza, agricultura) y también empleo estacional en plantaciones de poroto alubia y otras clases, desmonte, empleos estatales, emprendimientos artesanales. Pero aún la pesca, que puede considerarse como una actividad “tradicional” ha sufrido importantes transformaciones históricas. Si “antiguamente” la pesca se utilizaba exclusivamente para el autoconsumo y el trueque ínter comunitario, hoy camiones procedentes de distintas partes del país entran a las comunidades para comprar el pescado capturado. Es decir se pesca para el autoconsumo pero también se pesca para la venta, y la capacidad mayor o menor de pesca y de venta influye directamente sobre el empleo estacional en manos de contratistas que provienen del frente agrícola de la ruta 34 que va de las ciudades de Rosario de la Frontera hasta Tartagal. Esto es así porque, los pobladores de las comunidades prefieren obtener sus ingresos de la pesca y no de lo que ellos denominan “la poroteada” o “el desmonte” según sea el caso, pues en estos ámbitos los niveles de superexplotación de la mano de obra son altísimos. Sin embargo y dado que la pesca coincide con la “época flaca” es decir el período de mayor escasez de productos del monte (de la oferta alimentaria ambiental) es el recurso prácticamente excluyente de la economía doméstica en esa época (junio-agosto). Faltando la pesca, pero también el ingreso monetario que produce, los pobladores no tienen otra alternativa que “engancharse” con los contratistas de mano de obra para las plantaciones. Estas prácticas también pueden ser consideradas “ancestrales” ya que el Gran Chaco ha sido desde épocas coloniales un gran reservorio de mano de obra (por ejemplo para trabajos en las minas del Potosí, entre otros) y también que los pobladores indígenas del Chaco centro-occidental (en Argentina) constituyeron la principal fuerza de trabajo en los ingenios azucareros, cuando la expansión de estos, en las primeras décadas del siglo XX en el conocido ramal salto-jujeño (Trinchero, 1995; 2000). Distinta, en primera instancia, es la economía doméstica de una parte importante de las comunidades Mapuche de norpatagonia (cfr. Balazote; 1994). Allí la mayoría de los pequeños productores indígenas son crianceros de ganado ovino, mediante el cual entran en el mercado lanar y cárnico (este último también para autoconsumo). Sin embargo y más allá de estas particularidades en las prácticas productivas domésticas, también son empleados como peones en las estancias o migran estacionalmente hacia emprendimientos agrarios capitalistas de la región. En síntesis, para ambos ejemplos, lo que debe tenerse en cuenta es que las actividades productivas de las poblaciones indígenas rurales combinan de manera específica y particular en cada caso actividades domésticas con empleo estacional. Es decir son trabajadores rurales cuyos bajos salarios se explican en gran parte porque la reproducción de su fuerza de trabajo en la época que no es empleada por los empresarios agrícolas capitalistas regionales está garantizada por el esfuerzo productivo doméstico comunitario y, como ese esfuerzo doméstico comunitario está sujeto, como hemos observado, a una serie de constricciones (que es necesario analizar en cada caso) necesitan complementar sus ingresos con el empleo estacional o en otros casos el empleo estatal. Esta dinámica compleja, diferenciada y sobre la cual hacemos aquí una muy somera descripción, puede ser analizada desde los conocimientos que ofrece la Antropología Económica mediante la utilización de matrices insumo-producto que den cuenta del sistema de utilización productiva de los recursos por parte de las unidades domésticas y en su conjunto las comunidades en determinada situación. Según nuestro criterio, ello permitiría diseñar con mayor sistematicidad la estrategia de intervención de proyectos orientados hacia la producción, el ambiente y el territorio. 22 �6- Análisis de la situación de los pueblos originarios de la República Argentina con especial referencia a la situación productiva. Según regiones de asentamiento de población indígena rural. Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es referirse exclusivamente a la población indígena rural es necesario precisar o al menos delimitar qué es lo que se considera “rural” en este caso. Hemos observado que en el Censo de Población es urbano todo agrupamiento con más de 2000 personas. Este criterio deja afuera del universo poblacional a población que reside en ciudades intermedias y que guardan estrechas relaciones socioproductivas y comerciales (también de parentesco) con comunidades específicamente rurales de acuerdo al censo. Este criterio relacional es de carácter cualitativo e implica considerar como población rural estimada a aquel universo poblacional que no reside en las grandes urbes aunque incluiremos población indígena de ciudades intermedias en las provincias que integran determinada región. Así, por ejemplo, población indígena residente en ciudades como Tartagal en Salta queda incluida. Este criterio responde a la necesidad de distinguir, como se dijo, relaciones socioproductivas específicas. Siguiendo el ejemplo, pobladores indígenas residentes en Tartagal guardan estrechas relaciones de intercambio y en muchos casos de producción con pobladores indígenas del interior rural del departamento de San Martín. Considerando el universo de población indígena rural con este criterio inicial y teniendo en cuenta a las provincias que mayor población indígena registran, podemos distinguir cinco situaciones prototípicas del país. Estas situaciones están configuradas por tres grandes regiones y dos situaciones que comprenden población indígena de menor tamaño relativo residentes en distintas provincias, de las cuales las más importantes, luego de las comprendidas en las regiones referidas, son las provincias de Misiones y Mendoza. Las tres grandes regiones son: la región del Gran Chaco, la Norandina y la Patagónica. En el primero de los casos comprende las provincias de Formosa, Chaco, parte de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe. La región norandina comprende parte de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. La región patagónica comprende las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Por último tenemos a las provincias que registran población indígena en menor medida pero que no conforman una región más allá de las provincias específicas. 23 �6.1- Breve caracterización por región 6.1.1 - Región Chaqueña La población indígena de la región Gran Chaco argentino se distribuye en la actualidad, según pueblo indígena y provincias, de la siguiente manera: CUADRO N° 8: Población indígena región Chaqueña, se gún pueblo y provincia. Años 2004-2005 Pueblo Provincia Ava Guaraní Salta y Jujuy Chane Salta Chorote Salta Chulupí Salta y Formosa Guaraní Salta y Jujuy Mocoví Chaco y Santa Fe Pilagá Formosa Tapiete Salta Toba Chaco , Formosa y Santa Fe Tupí guaraní Salta y Jujuy Wichi Salta, Formosa y Chaco TOTAL Fuente: Elaboración propia sobre la base del ECPI- INDEC Población 17.592 2.099 2.147 440 6.758 12.145 3.948 484 47.591 6.444 36.149 135.797 En esta región se asienta en la actualidad la mayor cantidad de población indígena y la mayor diversidad de pueblos indígenas de la Argentina. El ambiente que caracteriza a la porción argentina de la región Gran Chaco es relativamente homogéneo (respecto a los ambientes de otras regiones). Es posible sostener que entre los pueblos de la región chaqueña los procesos más profundos de cambio vinculados al Estado Nacional se produjeron a partir de la década de 1880 y se iniciaron con las primeras campañas militares que obligaron a relocalizar a grandes grupos en espacios territoriales cada vez más restringidos y menos propicios para la reproducción de la vida. Junto con la colonización del área por familias criollas, esta presión fue una verdadera avanzada de la expansión del capital y la frontera agropecuaria, y fue decisiva para la incorporación de los mismos como mano de obra en los procesos de desarrollo agropecuario. Otro hecho que está directamente vinculado con la valorización de la fuerza de trabajo de estos pueblos, ha sido aquella estrategia que con el apoyo de los ingenios se puso en marcha a inicios del siglo pasado y permitió una mejor y más organizada captación de la mano de obra aborigen. Este fue el proyecto de evangelización y sedentarización de los indígenas del Chaco que llevó a cabo la Iglesia Anglicana y que provocaría cambios definitivos en la estructura social y económica de los distintos grupos a tal punto que puede afirmarse que la organización en comunidades tal como las conocemos en la actualidad es una derivada histórica de éste proceso. A fines del siglo XIX y sobre todo a principios del XX se da lugar a un proceso de profundización en valorización de la fuerza de trabajo mediante la paulatina y sistemática incorporación de brazos indígenas a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ejercieron enorme influencia hasta los años 60. Luego y hasta el presente distintas producciones se caracterizaran por el empleo de mano de obra estacional, destacándose entre estos, la producción de algodón, la de poroto, el trabajo en fincas dedicadas a la horticultura y en los obrajes madereros 24 �Desde la planificación estatal se mejoraron las vías de comunicación del área provocando una más estrecha incorporación territorial, este cambio en la situación de las comunicaciones y el transporte de la región dieron su impronta a la actividad económica en el área, acelerando este proceso de valorización e incorporación de la mano de obra indígena. Hoy en día la única ruta pavimentada que atraviesa el gran Chaco de este a oeste, y que por ser pavimentada se constituye en la única transitable durante todo el año, es la ruta nacional 16 que pasa por la ciudad del sudeste salteño, J. V. González y transita a lo largo de la Provincia argentina del Chaco hasta su capital Resistencia, esto conecta este y oeste, los pasos a Chile y las rutas del Paraguay y el sur del Brasil por el chaco boreal. También tenemos que recordar que durante largo tiempo funcionó el ramal del ferrocarril que une la ciudad de Embarcación (Salta) con la ciudad de Formosa atravesando todo el chaco y el desarrollo de la ruta 81 paralela al ferrocarril. Además se puede mencionar el corredor bioceánico que uniría Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través de la región chaqueña. En la actualidad y producto de las transformaciones enunciadas es posible afirmar que la economía doméstica indígena lejos de ser autosuficiente ha perdido el control de las condiciones que garantizan su propia reproducción. El esfuerzo productivo de los pobladores indígenas debió ser orientado en gran parte hacia el trabajo estacional en distintos establecimientos agroindustriales generando en la dinámica económica de las comunidades una creciente dependencia con distintas fracciones del capital agrario y comercial que en combinación con las actividades de caza, recolección, pesca, artesanías, una rudimentaria agricultura, el trabajo estacional, la ayuda social, y escasos trabajos asalariados, completan el ciclo anual que garantiza hoy en día la reproducción de la vida para la mayoría de los pueblos originarios de la región. Los pueblos originarios de la región se organizan mayoritariamente en pequeñas comunidades que oscilan aproximadamente entre las 50 y 500 personas. Esta misma escala de asentamientos es posible encontrar también en los barrios de las ciudades intermedias. La mayoría de ellas asentadas en los territorios que atraviesan las multiformes cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, lo que somete a los pobladores a inundaciones y reasentamientos periódicos. El espacio comunitario define, al igual que en la mayoría de las poblaciones indígenas del país, el lugar de residencia pero no así el lugar de la producción. Salvo el caso de la agricultura doméstica y comunitaria que practican algunas comunidades, las demás actividades (Pesca, recolección de frutos, de mieles y leña, caza de pequeños animales y empleo estacional) se realizan en ámbitos extracomunitarios. Las actividades de carácter cinegético (Pesca, recolección y caza) se realizan en el ámbito del territorio por lo general reclamado como perteneciente a las comunidades de determinado pueblo o alguna asociación interétnica (muchas comunidades incluyen población indígena que se reconoce como perteneciente a distintos grupos étnicos). En cambio el empleo estacional, es por lo general en las plantaciones agrícolas linderas a la ruta 14 en el Departamento de San Martín (para el caso de las comunidades del Chaco Salteño) o bien en las plantaciones de algodón (en el caso de las comunidades del Chaco Formoseño) o en plantaciones hortícolas (en el caso de las comunidades del interior de Jujuy). No debe descartarse tampoco el empleo estatal o el régimen de pensiones que hoy en día constituyen también un componente importante al ingreso monetario de las unidades domésticas indígenas de la región (aunque esto debe ser extendido al conjunto de la población indígena) La principal demanda de las comunidades del Chaco Argentino como del conjunto de la población indígena rural es el reconocimiento a los derechos territoriales reconocidos constitucionalmente. Al respecto debe decirse que este reclamo sólo ha sido relativamente satisfecho en algunos casos esporádicos, constituyéndose en objeto de múltiples movilizaciones por lo general de carácter local o provincial dado que las tierras y/o territorios 25 �reclamados por lo general se corresponden con territorios fiscales. El reclamo de regularización dominial del recurso tierra está acompañado por una serie de demandas más diversificadas y son aquellas vinculadas a la mejora de las condiciones de vida cotidiana de la población. En general tienen que ver con el acceso a los recursos. Por último cabe mencionar que en esta región es significativa la producción y comercialización de artesanías en las comunidades indígenas y la promoción del denominado “turismo cultural”. A modo de ejemplos: • En Chaco: Según el estudio sobre el sector artesanías en las provincias del nordeste argentino publicado por PRODERNEA-PRODERNOA (2004) plantea que las artesanías representativas de la provincia del Chaco están estrechamente vinculadas con las comunidades indígenas. Según este documento, el 10% de la población indígena produciría artesanías (alrededor de 3000 personas), principalmente los productos de cestería, alfarería y tejidos de lana en el caso de los tobas14, como los productos en chaguar (hilados y tejidos) y palo santo (talla) realizados por comunidades wichí15. En menor medida, los mocovíes producirían “alfarería artística rustica” (2004:45). • En Salta: Los Departamentos de San Martín y Rivadavia Banda Norte, son los principales enclaves de la producción y comercialización de artesanías tanto en maderas duras, tejidos de chaguar o lana como de cestería y alfarería. El principal centro de producción de artesanías –y también muebles y cerramientos- en maderas duras (palo santo, guayacán, quebracho blanco, algarrobo) se da en la comunidad wichí “Misión Chaqueña Algarrobal”, en el municipio de Embarcación. En esta comunidad, también se ha promovido, desde distintas instituciones, otros rubros como el turismo cultural por medio de organizaciones no gubernamentales de la CABA en la cual se realizan viajes con contingentes de personas para desarrollar “intercambios culturales”; proyectos de reforestación de plantas nativas, el proyecto truncado de “domesticación de la planta de Chaguar”, etc. • En Formosa: En esta provincia se presentan los mismos rubros de artesanías producidas por población indígena que en el Chaco. A diferencia de esta última provincia, en Formosa el 60% de dicha población pertenece al grupo étnico wichí, el 25% al toba y el 15% al pilagá. Cabe destacar que durante los últimos años, en el Departamento de Ramón Lista se han desplegado distintos proyectos que se podrían denominar de “desarrollo local”. Durante los años 1997/2003 se implementó el Programa DIRLI (Desarrollo Integral del Departamento de Ramón Lista). El mismo tuvo 9 subprogramas que funcionaron hasta el año 2002. Estos eran: Autoconstrucción de viviendas, aprovisionamiento hídrico, reforestación y medio ambiente, salud, educación, agropecuario, artesanías y cuestión de género, apicultura, micro emprendimientos. A su vez, la Fundación Gran Chaco, en los últimos años viene acompañando y promoviendo la producción y comercialización de la harina de algarroba con distintas comunidades wichí. • En Jujuy: En el Parque Nacional Calilegua se ha construido el “sendero guaraní”. En el mismo, algunos integrantes de las comunidades ava guaraní del denominado ramal de la ruta 34 (actualmente enclavadas en las ciudades de San Pedro de Jujuy, Santa Clara y en tierras de los ingenios “La Esperanza” y “La Mendieta” como resultado del proceso de sedentarización promovido por los emprendimientos agroindustriales de los ingenios16) se desempeñan como guías turísticos. En este 14 El estudio marca que entre el 75 y el 80 % de la población indígena de la provincia pertenece al grupo étnico. Existiría una marcada división sexual del trabajo en este rubro, siendo la mujer quien realiza las producciones de objetos en chaguar y el varón sobre el tallado de maderas duras. 16 Estas comunidades del ramal 34 vienen realizando el reclamo por la entrega, por parte de la gobernación, de tierras fiscales llamadas “Vinalito”. Dicho reclamo se da a partir de la Ley 5231 de otorgamiento de tierras fiscales a las comunidades con personería jurídica (11.000 Ha aproximadamente), de las cuales el gobierno se habría comprometido a hacer entrega de 4148 Ha repartidas en 2 lotes separados. 15 26 �sendero comercializan algunas producciones artesanales propias, principalmente mascaras en maderas blandas (palo borracho). 6.1.2 - Región Norandina La población indígena de la región Norandina, se distribuye según pueblo indígena y provincias de la siguiente manera: CUADRO N° 9: Población indígena región Norandina, s egún pueblo y provincia. Años 2004-2005 Pueblo Aymará Atacama Diaguita/ Diaguita calchaquí Kolla Maimará Omaguaca Quechua TOTAL Provincia Jujuy Jujuy Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca Salta y Jujuy Jujuy Jujuy Salta y Jujuy Población 4.104 2.805 16.810 53.106 178 1.374 561 78.938 Fuente: Elaboración propia sobre la base del ECPI- INDEC La región Norandina abarca fundamentalmente tres ambientes bien diferenciados entre sí por sus aspectos agro ecológicos, que se extiende en las Provincias de Jujuy y Salta, pero a su vez muy ligados por su historia, su cultura y tradición. Desde el punto de vista de los cultivos andinos podríamos decir que nos encontramos frente a una gran región que presenta una gran diversidad de ambientes, y por lo tanto de especies originarias. El área abarca las regiones de la Puna, la Quebrada de Humahuaca y los Valles de altura. La mayor parte de dicha área se encuentra dentro de la Provincia de Jujuy, salvo los valles que se extienden entre esta y la Provincia de Salta. En estos ambientes diferenciados encontramos situaciones con alturas que van desde los 1800 m.s.n.m. hasta los 3600 m.s.n.m y regímenes de precipitaciones desde los 200 mm hasta los 1000 mm anuales. Estas diferencias nos llevan desde el altiplano desértico hasta el estrato superior de las Yungas. Este es uno de los motivos por los cuales la región es un importante centro de origen de numerosos y diversos cultivos “andinos”. El otro motivo fundamental ha sido la tarea domesticadora de los pueblos originarios, que durante miles de años fueron transformando los recursos genéticos naturales en una importante variedad de cultivos, como la papa, la quinua, el maíz, el amaranto, el poroto, entre otras variedades de plantas comestibles. Las Investigaciones arqueológicas indican que 2000 años A.C. ya había agricultura y trabajos de domesticación del cultivo de papa, otros indicios posicionan al maíz con anterioridad a esta fecha. Al contar la región con una muy importante variedad de ambientes encontramos un número aún mayor de sistemas productivos. Así, la Quebrada de Humahuaca se caracteriza por un modelo productivo agro pastoril, con mayor incidencia de una u otra actividad de acuerdo a la distancia a la ruta nacional N° 9 y a la altura sobre el nivel del mar, en la que se ubica cada área de cultivo. La zona central baja (en las cercanías de las localidades de Maimará, Tilcara, Huacalera, y Uquía) se distingue por una producción hortícola comercial con algunas explotaciones dedicadas a la fruticultura y floricultura. En esta zona se aplica un paquete tecnológico que incluye mecanización y la aplicación de agroquímicos. 27 �Además los cultivos andinos (papa y maíz) han tenido, años atrás, gran importancia en estos sectores pero fueron desplazados por la horticultura comercial. Con la profundización de la crisis económica, comenzaron a reaparecer las formas alternativas de intercambio, como el trueque. Este factor sumado a las oportunidades comerciales generadas a partir del trabajo llevado adelante por el Programa Social Agropecuario, CAUQueVa y por el Consejo de la Microempresa sobre la papa, ha despertado un renovado interés por este cultivo. Las zonas altas de la Quebrada y los Valles de altura de los Departamentos de Iruya y Santa Victoria en la Provincia de Salta, han preservado la producción de cultivos andinos, destinando alguna extensión de terreno a la siembra de cultivos hortícolas, en su mayoría combinados con la cría de ganado menor. Los Valles de altura presentan diferentes sistemas de acuerdo a la accesibilidad a cada zona. La producción preponderante es la cría de ganado mayor y menor y en la mayoría de las comunidades se producen cultivos andinos (papa, maíz y tubérculos micro térmicos, oca y papa lisa). En algunos valles como los de Iruya (Salta) existe una importante extensión destinada a la horticultura comercial de los cultivos de arveja y haba. La producción de papa andina y tubérculos micro térmicos presenta en estos valles una importante actividad comercial. En los valles más aislados del departamento de Tilcara la producción de tubérculos andinos se destina fundamentalmente al autoconsumo, siendo su única actividad comercial la cría de ganado mayor. La Puna es un gran altiplano que abarca la mayor superficie de la totalidad de la región. La producción preponderante es la cría de ganado menor, seguida por la cría de camélidos. La agricultura, que consiste en la producción de papas andinas y en menor medida hortalizas para el autoconsumo, está muy condicionada por la disponibilidad de agua para riego y la rigurosidad del clima. Por ello, si bien nos encontramos frente al área más importante de la región, la superficie con capacidad para este tipo de producción es muy reducida. A partir del trabajo de la Red Puna, el Programa Social Agropecuario y del Consejo de la Microempresa comenzaron a aparecer explotaciones con producciones destinadas al mercado. Independientemente de la diversidad de actividades productivas que se desarrollan en el conjunto de la región, en general encontramos una economía de pequeños productores familiares que combinan una producción para la auto subsistencia con producción de diferentes productos para los mercados locales, y actividades productivas que se destinan a mercados extralocales (principalmente fibra de llama y artesanías). Históricamente, los pobladores de la región han tenido que combinar su economía de subsistencia con ingresos extraprediales, la mayoría de las familias tiene un miembro que obtiene un ingreso extra predial que a su vez genera procesos constantes y cíclicos de migración estacional o permanente a centros urbanos. Es posible afirmar que en términos generales lo producido por las unidades domésticas mediante el usufructo predial representa no más del 30 o 40% de sus ingresos. De manera tal que el ingreso extrapredial se constituye en un elemento determinante en la reproducción de la economía doméstica. Dicho ingreso es garantizado por el trabajo en la cosecha de la zafra en los ingenios azucareros, la minería, la cosecha de algodón, etc. Desde el 2002 en adelante la migración por trabajo disminuyó bastante como resultado del surgimiento de planes de empleo con contraprestación como el plan Jefes/jefas de hogar, lo cual trajo consigo el aumento del trabajo en el ámbito municipal. Esta situación la comparten tanto unidades campesinas que no se reconocen indígenas como aquellas que sí lo hacen. La producción ganadera, como se dijo, se caracteriza por ser pastoril y trashumante. El ganado ovino y las llamas son animales típicos de la región junto con la vicuña, cuya fibra representa una alternativa con inmejorables perspectivas de rentabilidad y sin competencia. 28 �La producción de fibra de llama proviene de pequeñas explotaciones y se estima que un 80 % se destina para la venta, y un 20 % se retiene para el auto consumo (transformación artesanal de la fibra en prendas, alfombras, sogas etc.). A partir del año 95’ se lleva adelante una incipiente y nueva etapa en la economía puneña por medio de la adopción de formas asociativas como la cooperativización destinada a la explotación y venta del recurso camélido doméstico en forma de acopio comunal, que implica en el ámbito productivo la adopción de un sistema de incorporación de valor por medio del acondicionado, clasificado y tipificado de la fibra de la llama. No obstante eso, el sistema de comercialización de la lana encuentra su límite en una oferta atomizada y una demanda en manos de barraqueros17 de la zona, condicionando las posibilidades de negociación de los productores. En la última década, a raíz del financiamiento provisto desde distintas agencias estatales, se han fortalecido emprendimientos productivos vinculados a: tallado de laja, telar rústico, tejidos regionales, gastronomía ancestral, alfarería, talla en madera, cuero crudo y curtido, instrumentos musicales, metales, asta y hueso, entre otros. 6.1.3 - Región Patagónica La población indígena de la región Patagónica, se distribuye según pueblo indígena y provincias de la siguiente manera: CUADRO N° 10: Población indígena región Patagónica, según pueblo y provincia. Años 2004-2005 Pueblo Mapuche Tehuelche TOTAL Provincia Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz Chubut y Santa Cruz Población 78.534 4.351 82.885 Fuente: Elaboración propia sobre la base del ECPI- INDEC Los pobladores Mapuche y Tehuelche supervivientes de la campaña de exterminio que tuvo lugar a fines del Siglo XIX se distribuyeron sobre terrenos de escaso valor para la actividad agropecuaria. Los integrantes de las unidades domésticas se han dedicado desde hace décadas a la crianza de animales menores (caprinos y ovinos) en forma extensiva, participando del mercado mediante la venta de pelo de caprino, lana de ovino, cueros y animales en pie. Los “frutos” de los mismos (pelo y lana) son comercializados a partir de su vinculación con intermediarios itinerantes (mercachifles) (Radovich y Balazote, 1992:160162). En la actualidad, con la creciente importancia de la actividad turística, las áreas ocupadas por muchas de las comunidades mapuches de la región, de un alto valor paisajístico, adquirieron un renovado interés inmobiliario. Esto ha impactado, diversificando las actividades productivas. Si bien algunas unidades domésticas continúan con la crianza de animales menores en especial caprino y ovino, con trabajos temporarios en forestación y en la esquila en estancias y/o también como trabajadores de la construcción, o permanentes en escuelas, usinas, puestos sanitarios (todas instituciones al interior de las comunidades); hay que destacar que en los últimos años, en especial a partir de las intervenciones institucionales18, 17 Comprador particular de lana que visita la zona regularmente. La forma de pago puede ser con dinero o a través del intercambio de mercaderías. Es destacable la transformación de las intervenciones del estado que han pasado de estar enmarcadas en la asistencia social directa (entrega de la cajas alimentarias) a la promoción de ciertos perfiles productivos. 18 29 �han comenzado con nuevas prácticas agrícolas como los cultivos en invernadero (horticultura), fruta fina y forestación para la venta de productos en los circuitos turísticos ( dulces, fruta, cosecha de hongos silvestres, plantas medicinales) y/o la prestación de servicios como cabalgatas guiadas. También se destacan las artesanías en madera, plata y tejidos (telares). A modo de ejemplo, en la provincia de Neuquén, se encuentra en construcción el centro cultural mapuche sobre la base del Cerro Chapelco donde se ofrecerán diferentes productos ya que a ésta área accede una gran cantidad de turistas. Asimismo, como es característico en las comunidades indígenas próximas a los centros urbanos y/o a centros de fuerte actividad económica, gran parte de los trabajos extraprediales (realizados fuera de la comunidad) están compuestos en su mayoría por trabajos temporarios en las ciudades ante la posibilidad del traslado diario para desempeñarse en estas tareas. También poseen relevancia como fuente de ingresos los planes de empleos provinciales y nacionales (Plan Jefes y Jefas de Hogar, plan de Empleo Comunitario). 6.1.4 - Otras provincias con población indígena. El caso de Misiones Las poblaciones Guaraníes ocuparon originalmente la región comprendida al Sudeste del Brasil, Norte Argentino y Sudeste del Paraguay. La parcialidad, Mbyá -Guaraní, habita actualmente el territorio de la provincia de Misiones, en lo que se denomina la “región Guaranítica”. Según la Dirección de Asuntos Guaraníes, habitan alrededor de1200 familias agrupadas en 76 comunidades rurales o peri-urbanas, constituyendo una población total aproximada de 5.000 personas. Las viviendas y el acceso a la salud son precarios y en la mayoría de los casos no cuentan con infraestructura básica (agua potable, luz, etc). En cuanto a lo educativo, en la provincia, se registran 19 escuelas y anexos con modalidad en educación intercultural y bilingüe (EIB). En los Departamentos de San Ignacio, Cainguás y Libertador General San Martín se concentra el 30% de la población. De ésta, el 45% se encuentra por debajo de los criterios que define el índice de NBI. La ocupación del espacio es en pequeños núcleos comunitarios conformados a partir de un mínimo de 6 familias y un máximo de 40 familias. El ciclo anual que garantiza la vida de los Mbyá se complementa, según el contexto de hábitat, entre una rudimentaria agricultura, caza y pesca, producción y venta de artesanías, ayuda social y prestaciones de servicio. En lo que respecta a la producción agrícola, las plantaciones son de poca envergadura19; cada familia extensa posee apenas 1/4 a 1/2 hectárea de terreno cultivado, por lo tanto no se puede considerar que cuenten con una agricultura de subsistencia, ya que ésta no satisface las necesidades alimentarias de la unidad doméstica, constituye sólo un complemento de otras actividades como la caza, la pesca, la producción y comercialización de artesanías, el trabajo transitorio en cosechas, servicios vinculados al turismo, etc. Actualmente, las principales fuentes de ingresos provienen de la venta de artesanías y la prestación de servicios. Sobre esta última, se da tanto de manera individual (como peón rural) y/o contratando la totalidad del grupo familiar. Los varones adultos son los que tienen mayores oportunidades en las tareas agrícolas ocasionales (changas durante las cosechas de los productos estacionales). La contratación de mano de obra aborigen se realiza por tareas cumplidas (trabajo a destajo). 19 Compuesta por cultivos de maíz, mandioca, batata, zapallo 30 �Con relación a la producción y comercialización de artesanías guaraníes, el estudio sobre el sector artesanías en las provincias del nordeste argentino publicado por PRODERNEAPRODERNOA (2004) menciona que los principales rubros son: • Cestería: Canastos (ajakaes); pulseras y anillos; servilleteros; cruces, forrados. La materia prima principal son fibras vegetales provenientes de las cañas o la raíz de guembé. • Tallado en madera: Utilizan como materia prima raíces o maderas blandas • objetos en semilla. Siguiendo este estudio, plantea que aunque la provincia tiene muy poco desarrollo en cuanto a líneas de promoción, difusión y comercialización sobre estos productos (por falta de presupuesto) este es un nicho con un alto potencial tanto en términos de recursos artesanales como en capacidad de venta ligada al turismo. A su vez tienen un significativo peso sea en términos cuantitativos -de la estimación de unos 2000 artesanos en actividad en la jurisdicción 1500 serían guaraníes (2004:162) como sobre las representaciones sociales que ligan la artesanía a la cultura indígena. A decir del representante del Departamento de artesanías de la Subsecretaría de Cultura “la cultura mbyá guaraní es la que otorga el sello de representatividad a la artesanía misionera” (2004: 164). La provincia diferencia en materia legislativa (Ley N° 4.127) la s artesanías misioneras en tres tipos: “guaraní, artesanía tradicional popular y artesanía urbana contemporánea”, debiendo garantizar a la primera programas de protección para la preservación, producción y comercialización. La población guaraní que se dedica a la artesanía se encuentra principalmente en la selva misionera próxima a la ruta N° 14 y en la ruta N° 1 2 (en menor medida). Son vendidas por medio de intermediarios -a precios muy inferiores, generalmente mediados por caciques, iglesias, etc.- para el abastecimiento de zonas turísticas con mucha circulación de gente20 o en algunos casos directamente al público –con mayores márgenes de ganancia. El ciclo anual de subsistencia se completa con Programas alimentarios provinciales y nacionales, comedores escolares y planes de empleo transitorio con contraprestación (por ejemplo se gestionan Programas de Empleo Comunitarios –PEC- para aborígenes idóneos que desde hace mucho tiempo se desempeñan en las tareas de agentes sanitarios y auxiliares culturales bilingües, que no percibían ningún salario). Otra de las actividades en las que intervienen algunas comunidades es el turismo, principalmente aquellas comunidades asentadas en Reservas ecológicas y de turismo (3 comunidades, con un total de 57 familias y 241 individuos). También en la provincia hay 7 comunidades que con permiso de las autoridades explotan los recursos forestales. Un dato a destacar es que la provincia de Misiones es una de las pocas sobre las que se poseen datos sobre la situación de tenencia y usufructo de la tierra por parte de las comunidades indígenas, por lo que reproducimos más abajo los datos ordenados en cuadros. 20 Principalmente en las ciudades de San Ignacio y Puerto Iguazú y Posadas. 31 �CUADRO N° 11: Provincia de Misiones. Comunidades co n título de propiedad y con permiso de ocupación N° COMUNIDAD SUPERFICIE FAMILIAS PERSONAS 1 Santa Ana Miri 29Ha91a48ca 8 36 2 26Ha90a57ca 6 17 4 Ivoty Okara Ivy Poty Guazurari) 25Ha 5 23 5 Katupyry 426H40a91ca 31 139 6 Ñu Porá 40Ha 5 21 8 El Chapá 558Ha10a35ca 11 59 9 Chapaí Idem 4 18 11 Ojo De Agua 40Ha 11 35 13 Poty Leoni 19Ha 62ª 25 94 15 Marangatú 48Ha 88a 67ca 9 37 27 Tamanduá 3104Ha41a44ca 17 103 30 Perutí 589Ha4a52ca 69 316 35 Guavirá Poty (*) 1545Ha72a89ca 9 39 36 Fracrán (**) 500Ha72a89ca 46 210 39 Guiray 156Ha27a51ca 10 44 (Ex 41 Chafariz 104Ha33a69ca 10 44 42 Sgo.De Liniers 686Ha73a46ca 14 45 43 Pozo Azul 5014Ha95a70ca 48 221 48 Kaaguy Porá 138Ha38a63ca 18 91 29 Tekoa Ara Poty 73Ha88a95ca 7 34 17 El Pocito 29Ha51a15ca 17 El Pocito 2Ha46a69ca 40 199 38 Tarumá Poty 520Has 8 40 52 Pindo Poty 101Has58a86ca 16 73 SUPERFICIE TOTAL 13.621 Has TOTAL FAMILIAS CON TÍTULO 427 35 % (*) sobre 1.100 familias TOTAL PERSONAS CON TÍTULO 1.938 40 % (**) sobre 4.800 personas Títulos y permisos entregados durante la gestión de Gobernador Ing. Carlos Rovira. Fuente: http://www.misiones.gov.ar/ministeriogobierno/guaranies/tierras.htm 32 �CUADRO N° 12: Provincia de Misiones. Comunidades as entadas en predios privados de gran superficie. N° COMUNIDAD SUPERFICIE FAMILIAS PERSONAS 18 Ivy Pyta 5.986 Has 26 99 21 Kaaguy Poty idem anterior 40 196 53 Kapií Poty Univ.de La Plata 5 14 19 Virgen María 1.125 Has 30 115 54 Tekoa Guaraní idem anterior 12 38 24 Tajy Poty 4.021Ha 10 41 20 Kaa Kupé idem anterior 10 22 45 Tekoa I'ma 5.541Has 8 30 46 Kapií I'vate idem anterior 14 57 56 Jejy 10.397 Has 46 201 40 Kaatimi 5.000 Has 9 36 SUPERFICIE TOTAL 32.100 Has TOTAL FAMILIAS 210 19% (*) TOTAL PERSONAS 849 18% (*) Fuente: http://www.misiones.gov.ar/ministeriogobierno/guaranies/tierras.htm CUADRO N° 13: Provincia de Misiones. Comunidades as entadas en reservas ecológicas y de turismo N° COMUNIDAD SUPERFICIE FAMILIAS PERSONAS 22 Ñamandú 16 58 23 Y Ovy 10 36 31 147 49 Yriapú 600 Total familias: 57 4 % (*) Total personas: 241 5 % (**) Fuente: http://www.misiones.gov.ar/ministeriogobierno/guaranies/tierras.htm El caso de Mendoza. En la provincia de Mendoza, se da durante las últimas décadas un proceso de reetnificación significativo. Tras muchos años de invisibilización, el estado mendocino reconoce en el año 2001 mediante la ley provincial Nº 6920 la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Huarpe y sujeta a expropiación los territorios que este pueblo ocupa ancestralmente (785.000. hectáreas)21. Sin embargo, la fiscalía de Estado interpuso una acción de amparo por inconstitucionalidad de la ley y la Corte Suprema hizo lugar a la medida de no innovar interpuesta, ordenando al Ejecutivo que se abstuviera de aplicar algunas normas de la ley. Para dar salida a este punto en conflicto, actualmente funciona una Comisión integrada por funcionarios provinciales y municipales, pero no fueron invitados los representantes de las comunidades. Recientemente once comunidades se presentaron y fueron admitidos como terceros en el proceso judicial y se espera que se resuelva el pedido de reanudación del procedimiento. Estos procesos de lucha por el reconocimiento, aunque dificultados por las 21 También se encuentran registradas en la provincia de Mendoza comunidades Mapuches. Datos según RENACI/INAI. 33 �largas distancias que separan a las comunidades, vienen generando cada vez más importantes niveles de organización. En cuanto a lo productivo, pueden destacarse la dificultad para la comercialización de las producciones. Este obstáculo genera prácticas de carácter auto sustentable. Algunas de las problemáticas infraestructurales que no permiten la comercialización son: Exigencias de las agencias de orden administrativo difícil de cumplimentar por parte de los productores, escasez y contaminación (arsénico) del agua, falta de Infraestructura en caminos y de Transporte, entre otras. La actividad de subsistencia principal de los puesteros es la crianza de cabras. En las épocas de lluvia (verano) cultivan verduras, hortalizas y frutas. También practican la caza del "quirquincho", el armadillo. Dada la ausencia de legumbres en el mundo desértico de los puesteros, ellos recurren también al intercambio con algunos intermediarios, que resulta desventajoso para ellos, pues deben dar sus cabras a cambio de legumbres de mala calidad. También ocasionalmente se trasladan fuera de su territorio para procurarse otros alimentos, pero esto es poco frecuente. Hay que destacar el cultivo de la tuna como una de las producciones alternativas intensivas que está apuntando a ocupar un lugar destacado en la problemática productiva de las zonas áridas y semiáridas. Según el documento: Memoria Taller Indígenas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, desarrollado en Buenos Aires durante los días 15 y 16 de diciembre de 2008, los ejes problemáticos respecto de los pueblos originarios en esta provincia se centran en: • • • • • La cuestión de la TIERRA: Ya que se presentan “títulos superpuestos, no se reconocen títulos comunitarios, etc.”. Esto se da en el marco de “negociados inmobiliarios que corren la frontera agrícola y desbastan los recursos naturales”. La cuestión de la escasez y contaminación, por parte de mineras, del AGUA (para riego y consumo). Falta de INFRAESTRUCTURA: “hace falta mucha vivienda, caminos para no quedar aislados, servicios básicos y transporte (en las comunidades más alejadas de la ciudad hay menos acceso al transporte público). Características de la PRODUCCIÓN y COMERCIALIZACIÓN: no se contempla a las comunidades en las normativas, como un caso particular y distinto. Hace falta apoyo a la producción, pero debe ser de acuerdo a las costumbres propias de las comunidades. Dificultad para la accesibilidad y contención en el sistema EDUCATIVO: “después de la escuela primaria, sólo algunos tienen acceso a la secundaria, y para acceder a la universidad, deben emigrar”. 34 �En el siguiente cuadro se sintetizan las dinámicas productivas de los pueblos indígenas rurales más significativos, según datos demográficos, desarrolladas en este capitulo a partir de la regionalización propuesta, enumerando las principales problemáticas asociadas en torno al derecho a la tierra y territorio. CUADRO Nº 14: Dinámicas productivas y problemáticas en torno a la tierra y territorio indígenas por regiones REGIÓN Chaqueña PROVINCIAS Salta Jujuy Formosa Chaco Santa Fe Santiago del Estero PUEBLOS INDÍGENAS Ava Guaraní Chane Chorote Chulupí Guaraní Mocoví Pilagá Tapiete Toba Tupí guaraní Wichí Tonocoté Vilela DINÁMICAS PRODUCTIVAS La dinámica productiva anual que garantiza la reproducción de la vida en la región, en términos generales, combina las 22 siguientes actividades : 1. Caza (animales pequeños como corzuela, charata, etc.). 2. Recolección de frutos (estacional de algarroba, mistol, poroto de monte, tunas entre otros), plantas, tallos y raíces (principalmente de chaguar para la elaboración de tejidos y raíces y tallos colorantes. Actualmente y debido a la actividad de desmonte que sufren los alrededores de estos establecimientos, en muchos lugares se están reemplazando por hilados y colorantes industriales); de miel y madera (para leña y para producción de artesanías). 3. Pesca (estacional de Junio a Agosto). 4. Cría de animales de granja y menor (chivas, gallinas, chanchos, etc.). 5. Producción de artesanías en maderas duras (algarrobo, guayacán, quebracho blanco, palo santo, etc.); tejidos en hilados de fibras vegetales (chaguar) e industriales; cestería y alfarería. 6. Agricultura doméstica y, en algunas experiencias, comunitaria (Sandías, ajíes para mercados locales o extralocales). 7. Producción de ladrillos y carbón. 8. trabajo rural estacional/transitorio (plantaciones de algodón, poroto, plantaciones hortícolas, desmonte, etc). 9. Ayuda social (micro emprendimientos promovidos por ONGs, iglesias, etc.). PROBLEMÁTICAS EN TORNO AL DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO 1. Falta de regularización dominial y entrega de titulo de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas e insuficientes 2. Avance de la frontera agrícola trae aparejado: -Reducción de las tierras de usufructo comunal y extracomunal. -Procesos de revalorización de la tierra; renovado interés de agroindustrias (los territorios indígenas vienen siendo vendidos a particulares incluso con las poblaciones aborígenes viviendo en esos predios y en algunos casos fragmentando el reclamo colectivo entregando títulos a individuales) -Desalojos y desmontes a gran escala 3. Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican 4. Destrucción y contaminación de recursos naturales dado el avance de la explotación gasífera y petrolífera, la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados. 22 En todas las regiones mencionadas, las actividades vinculadas a la recolección, caza, pesca y/o producción (artesanías, carbón, ladrillos, lanas, harinas, miel, etc.), tienen principalmente como destino final, en menor o mayor escala, los mercados locales o extralocales. Considerando la inexistencia de líneas de fortalecimiento sobre los canales de comercialización directa de dichos productos, los productores se ven obligados a vender o intercambiar sus productos de manera desventajosa a intermediarios (locales o foráneos). 35 �CUADRO Nº 14: Dinámicas productivas y problemáticas en torno a la tierra y territorio indígenas por regiones (cont.) REGIÓN PROVINCIAS PUEBLOS INDÍGENAS Chaqueña Patagónica Chubut Neuquén Río Negro Santa Cruz Mapuche Tehuelche DINÁMICAS PRODUCTIVAS 10. Políticas sociales de intervención estatal (programas de empleo transitorio, pensiones, otros planes y programas sociales). 11. Trabajos asalariados (empleo estatal en salud, educación y dependencias municipales, aserraderos, construcción, ingenios, etc.). 12. micro emprendimientos de Apicultura, producción de harinas de Algarroba. La dinámica productiva anual que garantiza la reproducción de la vida en la región, en términos generales, combina las siguientes actividades: 1. Crianza de animales menores (caprinos y ovinos) en forma extensiva. 2. Venta de pelo de caprino, lana de ovino, cueros y animales en pie. Comercialización a partir de intermediarios itinerantes (mercachifles). 3. Actividades de servicios vinculadas al creciente desarrollo turístico. 4. Trabajos temporarios en forestación y en la esquila en estancias y/o también como trabajadores de la construcción. 5. Empleo en escuelas, usinas, puestos sanitarios (todas instituciones al interior de las comunidades) 6. Prácticas agrícolas como los cultivos en invernadero (horticultura), fruta fina y forestación para la venta de productos en los circuitos turísticos (dulces, fruta, cosecha de hongos silvestres, plantas medicinales). 7. Producción y comercialización (por medio de intermediarios o en venta directa) de artesanías en madera, plata y tejidos. 8. Otros trabajos temporarios en las ciudades. 9. Programas y planes de empleos provinciales y nacionales. PROBLEMÁTICAS EN TORNO AL DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO 1. Falta de regularización dominial y entrega de titulo de propiedad comunitaria. En los casos de entrega de tierras en forma de tenencia o usufructo, han sido en tierras improductivas y sin contemplar las dinámicas estacionales de la actividad pastoril (tierras de invernada y veraneada). 2. Contaminación de aguas y napas subterráneas por empresas petroleras, actividad turística, cría de peces, etc. 3. Conflictos con diversos actores: Ejército Argentino, Parques nacionales, empresas trasnacionales (explotación maderera, minera, turística, represas hidroeléctricas). 4. Construcción de obras de infraestructura para turismo en los territorios demandados 5. Conflictos en torno al acceso a los ríos y lagos. 6. Desalojos, relocalizaciones 7. Otorgamiento de tierras a particulares sin respetar la posesión ancestral de la tierra. 8. Consecuencias de la exploración de minas de oro y plata, que distintas empresas están llevando a cabo y a quienes los gobiernos provinciales autorizan a desarrollar tareas contraviniendo las disposiciones legales. 9. Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. 36 �CUADRO Nº 14: Dinámicas productivas y problemáticas en torno a la tierra y territorio indígenas por regiones (cont.) REGIÓN Norandina PROVINCIAS PUEBLOS INDÍGENAS Salta Jujuy Tucumán Catamarca Aymará Atacama Diaguita/ Diaguita calchaquí Kolla Maimará Omaguaca Quechua Ocloya PROBLEMÁTICAS EN TORNO AL DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO 1. Territorios en conflicto por estar titulados a nombres de particulares, en algunos casos deben Economía de pequeños productores familiares. pagar arriendos para seguir viviendo en sus Combinación con ingresos extraprediales y formas tierras, o son desalojados sin poder ejercer ningún alternativas de intercambio (trueque). Procesos constantes reconocimiento legal de la posesión comunitaria. y cíclicos de migración estacional o permanente a centros 2. Contaminación ambiental y enfermedades por urbanos. explotación de minas. 1. Modelo productivo agro pastoril y trashumante. Cría de 3. Superposición de títulos y otorgamiento ganado mayor y menor (ovinos, caprinos y camélidos). fraudulento de los mismos, que permite: Producción de leche y derivados. Expropiaciones, desalojos, acciones judiciales a 2. Horticultura, comercial y de subsistencia (arveja, haba, familias maíz, papa, quinua, amaranto, poroto). Alambrados de campos, parcelas, ríos y caminos 3. Trabajos rurales temporarios en: zafra, cosecha de por parte de particulares algodón, emprendimientos mineros, salares, etc. Escasez de agua para riego, mecanismos de 4. Emprendimientos productivos vinculados a: tallado de distribución de agua por cuota manejados por laja, telar rústico, tejidos regionales, gastronomía ancestral, latifundistas. alfarería, talla en madera, cuero crudo y curtido, Destrucción de sembradíos familiares instrumentos musicales, metales, asta y hueso, etc. Tala indiscriminada de montes (de algarroba) 5. Fruticultura y floricultura para fines comerciales. Destrucción de sitios sagrados 6. Trabajos vinculados a servicios turísticos. 4. Procesos de revalorización de la tierra que 7. Planes de empleo transitorio nacional y provincial. generan conflictos y dificultades en la entrega de 8. Empleo estatal en salud, educación y dependencias tierras. municipales. 5. Falta de consulta en la elaboración, diseño de los proyectos que se aplican. DINÁMICAS PRODUCTIVAS 37 �CUADRO Nº 14: Dinámicas productivas y problemáticas en torno a la tierra y territorio indígenas por regiones (cont.) REGIÓN PROVINCIAS Misiones PUEBLOS INDÍGENAS Mbyá guaraní Otras provincias Mendoza Huarpes Mapuches DINÁMICAS PRODUCTIVAS 1. Agricultura de subsistencia (mandioca, maní, maíz, arroz secano), en complemento con otras actividades. 2. Caza y pesca. 3. Producción, comercialización y trueque de artesanías (Cestería, pulseras y anillos, servilleteros; cruces, forrados; Tallado en madera, objetos en semilla). 4. Trabajo transitorio en cosechas (yerba mate, tabaco), tanto de manera individual (peón rural) y/o contratando la totalidad del grupo familiar (trabajo a destajo). 5. Servicios vinculados al turismo (principalmente aquellas comunidades asentadas en Reservas ecológicas y de turismo). 7. Planes de empleo transitorio nacional y provincial. 8. Empleo estatal en salud, educación y dependencias municipales. 1. Agricultura de subsistencia (verduras, hortalizas y frutas), en complemento con otras actividades. 2. Caza animales menores 3. Crianza de cabras 4. Trabajo transitorio en cosechas (tomate, ajo, vid, olivos, etc.) 5. Producción insipiente de tunas para mercado 7. Planes de empleo transitorio nacional y provincial. PROBLEMÁTICAS EN TORNO AL DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO 1. Falta de regularización dominial y entrega de titulo de propiedad comunitaria. 2. Conflictos con diversos actores: Parques nacionales, empresas madereras, emprendimientos turísticos, Universidad Nacional de La Plata. 3. Tala indiscriminada de selva. 4. Expropiaciones, desalojos, relocalizaciones, acciones judiciales. 5. Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. 1. Falta de regularización dominial y entrega de titulo de propiedad comunitaria. Títulos superpuestos. Conflicto jurídico con el Estado provincial por ley Nº 6920 (expropiación de tierras que ocupan ancestralmente: 785.000 Ha.) 2. Conflictos con diversos actores económicos: Empresas (como Pescarmona), Mineras, etc. 3. Tala indiscriminada de montes. Avance de la frontera agraria. 4. Falta de infraestructura básica (vivienda, caminos, salud, etc.) y agua (riego y consumo) 5. Falta de consulta en la elaboración y diseño de los proyectos que se aplican. 38 �Finalmente, podemos decir que más allá de las diferencias que presentan las distintas regiones aquí tratadas, entre el conjunto de reivindicaciones más sostenidas por las distintas organizaciones de pueblos originarios y comunidades en el país, las siguientes son algunas de las demandas comunes y que surgen como prioritarias a partir del análisis de documentos que las expresan: • La mejora en las condiciones y posibilidades de medios de subsistencia • Acceso real a las tierras y territorios. • Los sistemas de energías alternativas • El acceso a los caminos e infraestructura • Recuperación y uso sustentable de suelo, agua, monte, fauna • La mejora en el acceso a vías formales y no formales de educación • Espacios de participación comunitaria e intercomunitaria • Condiciones de acceso a los recursos de salud • Acceso a medios de producción e infraestructura comunitaria • Acceso recursos básicos como el agua • Acceso a la cadena y red de comercialización de productos destinados al mercado • Instrucción con relación a los derechos que es posible ejercer con relación a las demandas. 39 �7- Principales instituciones gubernamentales nacionales y provinciales públicas con incumbencia en la cuestión indígena. En este capítulo se presenta información sobre las iniciativas recientes encaradas por el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales respecto a pueblos indígenas (sean políticas que los tengan como beneficiarios directos o indirectos). Se sigue la documentación provista por los distintos organismos oficiales y documentos elaborados por los mismos. En el caso particular de las políticas educativas y sanitarias, ampliamos el análisis tomando como referencia las investigaciones realizadas en el marco del CEDCAPI. A continuación se actualiza la legislación con respecto al último informe (Golluscio, 2002), en el cual se abordaban las novedades en materia legislativa hasta el año 200223, ya que constituye el marco de legalidad sobre el cual se sustentan las políticas. 7.1- Marco legal Según se ha señalado en páginas anteriores, en las últimas décadas del siglo XX se da lugar a una nueva retórica, ligada a la emergencia de un discurso de la “tolerancia y aceptación de la diversidad”, que abre las puertas a una política de reconocimiento. En esta línea, comienzan a evidenciarse giros discursivos en el ámbito mundial, los cuales toman cuerpo en una serie de normativas que designan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho universalmente reconocidos; garantizándoles una batería de derechos culturales, sociales, económicos, territoriales y ambientales. En esto, cabe destacar el fuerte papel de la movilización indígena como impulsora del debate, protagonista fundamental en el movimiento de reformas legislativas y en la adecuación de los textos legislativos nacional y provinciales. Pueden reseñarse los siguientes avances en estos últimos años: En el ámbito internacional: • Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), año 2007. La redacción del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas comenzó en 1985 por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, fue aprobado en 1993 y remitido a instancias superiores. En 1995 la Comisión de Derechos Humanos crea un Grupo de Trabajo ad hoc para su examen (deja de existir en 2005, y en 2006 sesiona el órgano reemplazante, aprobando el proyecto). Luego de más de 20 años de debate, se adoptó por Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 (144 votos a favor, 4 en contra, 11 abstenciones). Incluye tanto los derechos individuales (como personas indígenas, ya consagrados en los tratados de Derechos Humanos) y reafirma los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio N° 169 de la OIT. Mucho s de los derechos enunciados no son nuevos, ya que estaban incluidos en otros Pactos o Tratados anteriores. Cabe destacarse que al no tener el status de tratado, no cuenta con mecanismos de denuncia frente a Estados firmantes que lo incumplan. En el ámbito nacional: 23 Entre las más destacadas: Convenio Nº 169 OIT (1989), Ley Nacional Nº 23.302 (1985), Reforma de la Constitución Nacional Argentina (1994). 40 �• Ley Nº 25.607, año 2002. Establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, cuya planificación, coordinación, ejecución y evaluación serán llevadas a cabo por la autoridad de aplicación (Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior) con la cooperación del INAI y la participación activa y directa de las comunidades de los pueblos indígenas involucrados, los cuales serán convocados respetando sus formas de organización. • Ley Nº 25.675 de Política General de Ambiente, año 2002 Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Si bien en su articulado no se hace una referencia explicita a los derechos positivos de los pueblos indígenas respecto al ambiente, es una herramienta que vinculada a otras legislaciones puede aportar al desarrollo de políticas activas en lo socio productivo ya que la gestión sustentable del ambiente es parte constitutiva de la dinámica económica y cultural de los pueblos indígenas junto a otras comunidades principalmente rurales. • Ley Nº 26.160, de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, año 2006 Declara la emergencia por 4 años, suspendiendo por ese término la ejecución de sentencias de actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas. Establece (durante los tres primeros años) la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las mismas, a cargo del INAI. Para esto, se creó el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley Nº 26.160", mediante la Resolución Nº 587/2007, en consonancia con lo establecido en el Decreto Nº 1122/2007 (reglamentario de la ley). • Ley Nacional de Educación Nº 26.206, año 2006 Reemplaza la Ley de Educación Federal N° 24.195. De fine la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como “la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas (…) a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.” • Ley Nº 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, año 2007 Conocida como Ley de Bosques, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Se propone como objetivos: a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; 41 �c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Estipula un plazo máximo de un año a partir de su sanción para que, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción lleve adelante el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten.24 Establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Cumplido el plazo establecido, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. Establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas. Uno de los criterios del ordenamiento es el componente indígena (anexo de la Ley): “Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos que permita mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo”. Respecto al avance de las leyes de ordenamiento provinciales, el 28 de noviembre de 2008 se cumplió el plazo vigente para las provincias de presentar sus propuestas. A pesar de que algunas han avanzado en la realización del Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos y están terminando este proceso, ninguna ha cerrado dicho proceso debido a los diversos intereses en pugna.25 24 Las categorías de conservación de los bosques nativos son las siguientes: - Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. - Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. - Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. 25 Para citar un ejemplo, puede mencionarse el caso de la provincia de Salta. Se trata de una de las provincias en donde el avance de la frontera agropecuaria y los desmontes han arrojado cifras alarmantes en los últimos años. En el lapso 2002-2006, la desaparición de masa boscosa (414.934 has.) fue un 113,45% mayor que entre 1998 y 2002, y el valor calculado para la provincia en el período 1990-2000 (-1,54) es ampliamente mayor al calculado para todo el mundo (-0,23). En el lapso que 42 �En el ámbito provincial: De las Constituciones provinciales, 10 de 23 provincias regulan el tema indígena: Jujuy (1986), Chaco (1994), Salta (1998), Formosa (1991), Buenos Aires (1994), La Pampa (1994), Río Negro (1988), Neuquén (1994), Tucumán (2006) y Chubut (1994). Muchas de ellas se limitan a repetir parte del artículo 75 Inc. 17 de la Constitución nacional reformada, en especial el reconocimiento de la preexistencia étnica. medió entre el tratamiento en Diputados (noviembre de 2006) del proyecto de Ley en cuestión, y su sanción definitiva en el Senado (noviembre de 2007), se autorizó en la provincia el desmonte de 478.204 has. de bosques nativos. En Salta, la Ley de ordenamiento territorial fue promulgada el 19 de diciembre de 2008 (aún no fue publicada en el Boletín Oficial, y aun no se ha presentado oficialmente el mapa), al calor de intensos reclamos de gran parte de la sociedad salteña y nacional. La UNSa, el INTA y Parques Nacionales (estos últimos dos encargados del proceso técnico del ordenamiento) solicitaron el veto de la ley al gobernador, ya que la ley consensuada en la Legislatura va en contra del espíritu de la ley original (enviada por el Ejecutivo), dejando entrever los intereses particulares de legisladores (muchos de ellos productores agrícolas). En este contexto, el 29 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (haciendo lugar a un amparo presentado por comunidades y organizaciones indígenas de la provincia luego de la sanción de la ley en el senado salteño) prohibió el desmonte y la tala de árboles en zonas de los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La medida cautelar se refiere sólo a las autorizaciones extendidas desde el último trimestre de 2007. 43 �7.2- Mapa Institucional 7.2.1- Nación A continuación se presenta una sistematización de las principales instituciones gubernamentales nacionales con incumbencia en la cuestión indígena. Para mayor información, ver Anexo Nº 1. CUADRO Nº 15: Instituciones gubernamentales nacionales con incumbencia en la cuestión indígena. ORGANISMO AREA DE DEPENDENCIA SECRETARIA SUBSECRETARIA DIRECCION PROGRAMA DESCENTRALIZADO INFLUENCIA Mercado de Artesanías Dirección Todas las Nacional de Tradicionales de la provincias Industrias Rep. Arg. (MATRA) Programa Federal de Culturales Desarrollo Artesanal Presidencia de la Nación Secretaria de Cultura Subsecretaria de Gestión Cultural Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales Unidad de Proyectos y Programas Especiales (UPPE) Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (DiPOReN) Programa de Subsidios para Comunidades Indígenas Todas las provincias Programa de espacios de formación en comunidades indígenas Todas las provincias Programa Cultural de Desarrollo Comunitario Todas las provincias Todas las provincias CONTACTO Alsina 1169 4382.2793 Av. Alvear 1690 4129-2400 info@cultura.gov.ar San Martín 451 4348 8200 44 �DEPENDENCIA ORGANISMO SECRETARIA SUBSECRETARIA DESCENTRALIZADO Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Social Secretaría de Derechos Humanos Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) DIRECCION PROGRAMA AREA DE INFLUENCIA Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio Programa Social de Bosques (PROSOBO) Todas las provincias Dirección de Bosques Programa Nacional de Bosques Modelo Formosa, Jujuy, Neuquén, Tucumán, Misiones, Chubut Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva Área Pueblos Originarios Todas las provincias 25 de Mayo 544 - 6 ° piso 5167-6500 int. 6634 Área Pueblos Indígenas Todas las provincias Moreno 750 1º Piso 4340-9400 inadi@inadi.gov.ar Todas las provincias San Martín 451 – Entrepiso 0800-999-4624 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Secretaría de Gestión y Subsecretaría de Articulación Abordaje Territorial Institucional Programa "Mi Pueblo" CONTACTO Moreno 711 - 4º Piso 4331-4927 mipueblo@desarrollosocial.gov.ar 45 �DEPENDENCIA ORGANISMO SECRETARIA SUBSECRETARIA DESCENTRALIZADO Secretaría de Subsecretaría de Coordinación y Comercialización Monitoreo de la Economía Institucional Social Secretaria de Educación Ministerio de Educación DIRECCION Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización Dirección Nacional de Subsecretaria de Gestión Curricular Planeamiento y Formación Educativo Docente (DNGCyFD) Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS) Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional (DGUFI) PROGRAMA AREA DE INFLUENCIA Programa Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la obra" Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social CONTACTO Av. 9 de Julio 1925 Piso 15 manosalaobra@desarrollosocial.gov.ar Misiones 71 - 6º piso 4867-7149 al 56 comercializacion@desarrollosocial.gov.ar Programa Nacional Educación Intercultural Bilingüe (PNEIB) Pizzurno 935 2 piso, oficina 143 4129-1504 Programa Nacional de Becas Estudiantiles Becas Para Alumnos de Pueblos Originarios Av. Santa Fe 1548, piso 8 Teléfono 4129-1921 4129-1800 int. 6157 / 6183 / 6121 / 6048 Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) Secretaria de Educación Instituto Nacional Programa de Becas de Formación Aborígenes - Área de Docente (INFD) Políticas Estudiantiles Secretaría de Políticas Universitarias Programa Nacional de Becas Universitarias Subprograma indígenas Todas las provincias Todas las provincias Lavalle 2540 Piso 5 4959-2318 Lavalle 2540, 3er. Piso politicasestudiantiles@me.gov.ar 4959 - 2200 (Int. 4343) Av. Santa Fe 1548, piso 13 4129-1973 46 �DEPENDENCIA Ministerio de Salud ORGANISMO SECRETARIA SUBSECRETARIA DESCENTRALIZADO Subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos DIRECCION PROGRAMA Programa de Salud Familiar - Área de Pueblos Originarios Programa Social Agropecuario (PSA) Ministerio de Producción Secretaría de Subsecretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería. Agricultura Familiar Pesca y (SsDRyAF) Alimentos AREA DE INFLUENCIA Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores (PROINDER) Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA) Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA) Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias de la Patagonia (PRODERPA) CONTACTO Av. 9 de Julio 1925 4379-9000 21 provincias 21 provincias Av. Paseo Colón 922 2 ° piso, of. 202 4349-2066/67 Brasil 55, Piso 20 4103 3690 proinder@mecon.gov.ar Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones Brasil 55 - Piso 18 - (1063) 4103-3650 pneanea@mecon.gov.ar Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero Brasil 55 - Piso 18 - (1063) 4103-3650 pneanoa@mecon.gov.ar Chubut, Neuquén, Río Paseo Colon 982 - Anexo Jardín - 1 Piso Negro, Santa 4349-2539 Cruz 47 �DEPENDENCIA ORGANISMO SECRETARIA SUBSECRETARIA DESCENTRALIZADO Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y DIRECCION AREA DE INFLUENCIA Corrientes, Formosa, Misiones, Programa de Chaco, Desarrollo de Áreas Córdoba, Rurales(PRODEAR) Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, San Juan PROGRAMA Pro Huerta Todas las provincias Comité de Co-manejo Dirección de Programa de Administración de Conservación y Pobladores y Formosa, Parques Nacionales Manejo, Dirección Comunidades Plan Jujuy, Salta y (APN) Nacional de para Pueblos San Luis Conservación de Indígenas Áreas Protegidas Dirección Nacional de Herramientas por Todas las Promoción del Trabajo provincias Empleo Secretaria de Dirección Empleo Nacional de Programa Formación Todas las Orientación y para el Trabajo provincias Formación Profesional Programa de Subsecretaria de Provisión de Agua Secretaria de Todas las Potable, Ayuda Social Desarrollo Urbano Obras Publicas provincias y Saneamiento Básico y Vivienda (PROPASA) CONTACTO Rivadavia 1439 Av. Santa Fe 690 4311-0303 / 4312-0820 4314-6788 / 4315-2986 Av. Leandro N. Alem 650 4310-5500 Correo Central - Av. Leandro N. Alem 339 5 Piso - Of. 547 propasa@minplan.gov.ar 48 �AREA DE INFLUENCIA Corrientes, Programa de Chaco, Entre Desarrollo Social en Ríos, Áreas Fronterizas del Formosa, Noroeste y Noreste Jujuy, (PROSOFA) Misiones, Servicios Salta Programa Mejoramiento Todas las Habitacional e provincias Infraestructura Básica (PROMHIB) Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provistos por los organismos nacionales hasta febrero 2009. DEPENDENCIA ORGANISMO SECRETARIA SUBSECRETARIA DESCENTRALIZADO DIRECCION PROGRAMA CONTACTO Correo Central - Av. Leandro N. Alem 339 5 Piso - Of. 550 5776.0866 prosofa@prosofa.gov.ar Correo Central - Av. Leandro N. Alem 339 5 Piso - Of. 513/13 promhib@minplan.gov.ar 49 �7.2.2- Provincias En este capitulo se enumeran las principales instituciones gubernamentales provinciales con incumbencia en la cuestión indígena. Para mayor información, ver Anexo Nº 2 CUADRO Nº 16: Instituciones gubernamentales provinciales con incumbencia en la cuestión indígena PROVINCIA DEPENDENCIA Ministerio Gobierno, y Trabajo SECRETARIA SUBSECRETARIA de Justicia INSTITUTO Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) Área de Educación Aborigen Intercultural Bilingüe Región educativa IV Chaco Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Ministerio de Salud Pública Ministerio Economía, Producción y Empleo Instituto de nivel terciario C.I.F.M.A (Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen). PROGRAMA CONTACTO Arturo Frondizi 89 – Planta Alta 3500, Resistencia (03722) 421824 - 426855 9 de julio 2150 (03722) 414980 423637 – 453016 Consejo Curricular para la educación (03722) 423637 Intercultural Bilingüe (Res. 3076/2006) Quinta 4 - Barrio Nala´ - Roque Sáenz Peña. 03732 - 423798 (Rectora) Subsecretaria Cultura de Subsecretaria APS de Programa Médicos Marcelo T. Alvear 145 8º Piso Comunitarios 03722 - 448028/448000 Subsecretario Producción Agropecuaria de Programa Ganadero Marcelo T. de Alvear 145 Tercer del Noroeste Piso (PROGANO) 03722 - 434209 50 �PROVINCIA DEPENDENCIA SECRETARIA SUBSECRETARIA INSTITUTO PROGRAMA Fontana 50. Rawson 02965)480244/480290, (02965) 15340527 csayhueque@chubut.gov.ar Dirección de Asuntos Indígenas (Decreto nº 603/08) Chubut Ministerio Coordinación Gabinete de de Subsecretaría de Relaciones Institucionales, Secretaria de Estado de Acción Social Poder Ejecutivo Provincial Formosa Programa de Fortalecimiento de la Identidad de los Fontana 50. Pueblos Originarios de 02965 480248/250 la provincia del Chubut. Instituto de Comunidades Indígenas (ICA). Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño productor agropecuario (PAIPPA) Ministerio de Desarrollo Humano e Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) Ministerio Educación Jujuy CONTACTO Programa de Asistencia Integral para Pequeños Padre Gorriti Productores 03717 – 436132 Agropecuarios PAIPPA Rawson Nº 1040 Programa Agrícola de Asistencia a Pequeños Productores Aborígenes Comisión Provincial de Educación Aborigen de Secretaría Turismo Cultura de y San Martín Nº 450 - S. S. de Jujuy 0388-4239400 51 �PROVINCIA DEPENDENCIA SECRETARIA Subsecretaría Pueblos Originarios Ministerio Ambiente Desarrollo Sustentable de Secretaría y política Ambiental Ministerio Educación de Secretaría Gestión Educativa Ministerio de Secretaría Justicia y Derechos Derechos Humanos Humanos Ministerio de Gobierno INSTITUTO de Río Negro La Pampa Ministerio de Bienestar Social de CONTACTO Almirante 4315-419 Brown Necochea 4216-431 de de Subsecretaría Planeamiento Educativo de Dirección de nivel primaria General inicial y Área de EIB de Subsecretaría Producción de Subsecretaria Turismo de Centro Cívico (02954)452750 (02954)424146 Salta 1350. Salta Rioja 4495137/5105 Félix San Neuquén 0299 0299 - 4432438 Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) Dirección de Promoción Comunitaria Salta 52. Roca y Neuquén 0299 0299 - 4495455 Salta Salta 388. San Luís 439-7093 España 4321-572 102. 775. Balcarce 4214-944 Neuquén Ministerio Desarrollo Territorial PROGRAMA Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) Ministerio de Desarrollo Humano Salta SUBSECRETARIA Martín 182 4424089 - Planta Baja 52 �PROVINCIA Tucumán DEPENDENCIA SECRETARIA SUBSECRETARIA INSTITUTO PROGRAMA CONTACTO S/D Dirección Provincial Ministerio de Pueblos Desarrollo Social Originarios Equidad Santa Fe Poder Ejecutivo de Santiago del Estero Ministerio Producción, Recursos Naturales, Forestación Tierras Ministerio Gobierno de Ministerio Cultura Educación de y de Instituto Provincial de Aborígenes y Santafesinos (IPAS) Bosques Nativos y Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (Ley Nº 2727/89) Av. Rivadavia Nº 551 2º Piso, Casa de Gobierno, Santiago del EsteroArgentina (385) 4505069 / 79 La Rioja Nº 2239. Misiones. (03752) (03752) 447669 Posadas, 447634 Miguel Dávila 976 Programa de (03752) 447366 Educación Intercultural info@mcye.misiones.gov.ar Bilingüe (03752) 447352/ 447067 (int. 174) Misiones Secretaría de Estado General Subsecretaría y de Gestión Coordinación de Estratégica Gabinete de Félix de Azara 1749. Posadas Misiones (03752) 447048 - 447052 / 447603 ADIDAYNA Asociación para el Desarrollo Integral del (03757) 480034 Aborigen y no Aborigen 53 �PROVINCIA DEPENDENCIA SECRETARIA SUBSECRETARIA Subsecretaría Cultura de provincia Secretaría Derechos Humanos de Santa Cruz Tierra Fuego Secretaría Derechos Humanos de Secretaría Derechos Humanos de de Buenos Aires INSTITUTO PROGRAMA de la 25 de Mayo (03752)447357 1460. Estrada (02966) 02966) 423578 Nº Posadas. 255 435517 Ushuaia: San Martín 450 Casa de Gobierno, 1º piso Río Grande: Vicente López 111 al 105 (02901) 42-1101 (02964) 43-3060 Programa Derechos Calle 53 Nº 653 esq.8 - La Plata Dirección Provincial Humanos e 0221-4893960/66 de igualdad de Interculturalidad pueblosoriginarios@sdh.gba.gov.ar Oportunidades Consejo de Pueblos Originarios Dirección de Registro inspección General Catamarca Comunidades de Personas Aborígenes Jurídicas Secretaría de Subdirección de Córdoba Derechos Integración Cultural Humanos de las Minorías Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provistos por los organismos provinciales hasta febrero 2009. Ministerio de Gobierno y Justicia CONTACTO Subsecretaría Asuntos Institucionales de de Rivera Indarte 33 , 5000 - Córdoba (0351) 426-8670 54 �7.3- Situación educacional de los pueblos indígenas en Argentina En cuanto a la relación del Estado Argentino y los Pueblos Originarios en el campo educativo, se puede afirmar que ya desde la conformación del sistema educativo en Argentina, las escuelas fueron los dispositivos institucionales para la tarea de la homogeneización lingüística y cultural sobre la población activa sometida al control estatal. Asumiendo lograr la integración de todos los habitantes del territorio nacional (indígenas, criollos e inmigrantes) se basó, a fuerza de una alta violencia simbólica, en un “modelo educativo asimilacionista” (Sagastizabal, 2000 y CEDCAPI-educación, 2003a, 2004a) y negador de las diversidades lingüísticas y culturales. Sin embargo, vinculado al auge del discurso multicultural en el ámbito mundial de las últimas décadas, distintas propuestas se han ido formulando con relación al paradigma de reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derechos (CEDCAPI-educación, 2002, 2003b, 2004a). En el siguiente apartado nos dedicaremos a describir la situación sociolingüística de los pueblos indígenas en nuestro país, para luego señalar algunas consideraciones sobre el desarrollo del paradigma de la interculturalidad en el campo educativo argentino, que ha permitido una serie de cuestionamientos pedagógicos, cognitivos y lingüísticos hacia los modelos educativos tradicionales, aunque todavía limitando el debate sobre un modelo de EIB.26 7.3.1- Caracterización sociolingüística En cuanto a lo sociolingüístico, en términos generales, existe un abanico de situaciones sobre el grado de vitalidad de las lenguas originarias que se hablan en nuestro país. Pueden distinguirse tres situaciones diferenciadas en el uso de las lenguas indígenas: alto grado de vitalidad (wichí, chorote), en proceso de retracción (toba), y en estado de pérdida total y cambio de lengua, tal como sucede con el tehuelche (Censabella, 1999; Golluscio, 2002). Los indígenas están protagonizando, en algunos casos, experiencias de revitalización lingüística, como sucede en algunos proyectos que están llevando a cabo los mapuches. Habría que incluir entre éstos últimos, por ejemplo, algunos proyectos presentados en la Secretaría de Cultura de la Nación por comunidades de la puna jujeña para la recuperación de la lengua Atacama. Los últimos datos oficiales los aporta la ECPI relevada durante 2004 y 2005 por el INDEC. Señala que el 2,8% de los hogares argentinos reconoce tener por lo menos un integrante perteneciente a un pueblo indígena. Muchas de estas personas son hablantes de alguno de los idiomas indígenas que actualmente existen en el país –dichas lenguas se reparten en cinco familias lingüísticas y una lengua genéticamente aislada: familia quechua (quechua), familia tupí-guaraní (chiriguano-chane, guaraní y mbyá y tapieté), familia guaycurú (toba, mocoví y pilagá), familia mataco-mataguaya (wichí, nivaclé y chorote), Familia Chon (tehuelche) y mapuche (Censabella, 1999) A su vez, nos encontramos con realidades lingüísticas que distan mucho de ser homogéneas. Existen hablantes monolingües absolutos de lenguas aborígenes, hablantes con distinto grado de bilingüismo27 lengua aborigen-español, así como también, hablantes que, siendo aborígenes, tienen hoy al español como su idioma de uso predominante o 26 La educación aborigen en Latinoamérica pasó por distintas etapas relacionadas a diferentes modelos educativos que respondían a enfoques ligados a las políticas indígenas concebidas. Sagastizabal cita a Yáñes Cossio (1998) quien los clasifica como: el de castellanización, el transicional, el bilingüe bicultural y el bilingüe intercultural. Este ultimo a diferencia de los otros responde a los principios generales de la educación intercultural poniendo el énfasis en aquél que plantea la necesidad de la participación de la comunidad aborigen en la escolarización, supone una revalorización de la cultura y del saber indígena, no supone la exclusión de un saber nacional y universal. (Sagastizabal, 2000) 27 Se entiende por bilingüe al sujeto que utiliza habitualmente dos lenguas, cada una en un ámbito social determinado. Las variables que aparecen jugando en determinar la situación de bilingüismo están relacionas con la edad, el género, la participación en el mercado de trabajo y la institución escolar. 55 �exclusivo, pero que también pueden expresarse en una variedad del español diferente de la variedad estándar nacional, al verse su habla influida por el sustrato de su lengua indígena (Censabella, 1999, 2001; Golluscio, 2002). Los ámbitos geográficos de la Argentina donde los pobladores aborígenes utilizan habitualmente la lengua materna y el español, aunque en distintos grados, son: - Zonas de frontera: Provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Misiones y la región oeste de las provincias patagónicas. - Zonas rurales con población indígena: provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. - En las grandes ciudades, generalmente en los cordones periféricos de Buenos Aires y el Conurbano, Rosario y Córdoba. MAPA N° 2: Lenguas Indígenas de la Argentina actual En cuanto a la cantidad de hablantes de lenguas originarias, en el II Congreso de Educación Aborigen de la Universidad de Salta 2001, los investigadores hablaban de aproximadamente 250.000 o 300.000. Tomando en cuenta que las dos lenguas más habladas -el caso del guaraní correntino y el caso del quechua de Santiago del Estero- no lo son por grupos aborígenes sino por grupos criollos integrados en regiones rurales de Corrientes, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, el porcentaje total de hablantes de lenguas indígenas en Argentina no supera el 1%. Este porcentaje de hablantes, desde el punto de vista demográfico, no es precisamente significativo como sí lo puede ser en países como Bolivia, Paraguay o Guatemala donde los hablantes como primera lengua de una lengua aborigen superan el 50% del total (CEDCAPI- educación, 2004b). Similares son los datos que expone el Documento para la discusión “Modalidad en EIB en el Sistema Educativo Nacional” (2008) que se acercaría a un total de 107.000 personas 56 �hablantes y/o que entienden alguna lengua originaria. Aunque estos datos –recogidos de Machaca, 2007- no estarían comprendiendo a otros grupos que hablan y/o entienden sus lenguas maternas (Chulupí o nivaclé, Chané y avá Guaraní). CUADRO N° 17: Población que habla y/o entiende la L engua Originaria según pueblo y población por pueblo. Pueblo Habla y/o entiende LO Población Pilagá 99,2 % 4465 Mbyá Guaraní 97,3 % 8.223 Chorote o Nivaclé 96,2 % 2.613 Wichí 93,6 % 40.036 Toba 78,0 % 69.452 Tapiete 71,3 % 524 Fuente: Datos de la ECPI 2004-2005. Tomado de Machaca, 2007. Informe 5 Documento propositivo para la gestión y planificación de la EIB en contextos rurales, en articulación con Formación Docente. 7.3.2- Las políticas de reconocimiento y las políticas educativas El nuevo paradigma educativo en nuestro país aparece vinculado a los actuales escenarios multiculturales donde la “democracia plural” cambia los términos en que se definía la relación nosotros-otros durante la mayor parte de los siglos XIX y XX. Es así como se han logrado avances en cuanto a la construcción de un nuevo paradigma en “la política de las diferencias” (Díaz, 2004) a partir de un consenso generalizado tanto en el discurso académico como en el discurso político-jurídico para sostener que Argentina es un país pluriétnico y multilingüe, por la presencia de población aborigen y por la de migrantes de distintos orígenes geográficos y culturales. En particular, estas consideraciones cobran visibilidad a partir de la ya mencionada Reforma de la Constitución Nacional (1994), en donde el estado argentino reconoce la “preexistencia étnica” a los pueblos indígenas junto con una serie de derechos, entre ellos, el derecho a una EIB.28 Sin embargo, hasta el momento los logros depositados en el nuevo marco normativo han quedado sólo presentes en el plano discursivo como una declaración de buenas intenciones. Así Falaschi (1998) afirma que la normativa existente en Argentina funciona más como una declaración de principios “del deber ser” que como una base operativa de acciones consecuentes. Lo cierto es que el nuevo paradigma educativo en el marco de las reformas neoliberales ha solapado diversidad cultural con exclusión, marginalidad y posibles focos de riesgo social. Su implementación estuvo estructurada en tres ejes: la focalización, la compensación y la descentralización de las políticas (Petz, 2002; Hecht, 2007), y ha ido atravesando hasta la fecha distintos caminos. Con la ya derogada “Ley Federal de Educación” (N° 2 4.195), la incorporación de la EIB queda supeditada y reducida a los programas focalizados de políticas compensatorias en educación. En una primera etapa el Proyecto de Educación Intercultural y Bilingüe funcionó 28 Finalizada la última dictadura militar, se percibe un cambio discursivo que delinea el tránsito de una política integracionista hacia una de reconocimiento de la pluralidad y respeto por las identidades étnicas y culturales. A partir de ese momento, se crea abundante legislación nacional y provincial sobre la cuestión indígena, en particular sobre problemáticas educativas tales como: Ley Nacional N° 23.302 sobre “Política Indíge na y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” (1985) y su Decreto Reglamentario N° 155 (1989), Resolución Nº 107 del Consejo Federal de Cultura y Educación (1999), Resolución Nº 549 (2004) del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Arts. 52-53 y 54 (2006). 57 �en el marco del Plan Social Educativo (1993-1999)29, posteriormente en el Programa Nacional de Escuelas Prioritarias (2000-2003), y en el año 2004 se institucionalizó como Programa Nacional (PNEIB), aunque funcionara sin presupuesto propio. Durante estos años, algunas de las líneas de acción estuvieron vinculadas al apoyo en la publicación de materiales didácticos y textos pedagógicos bilingües; el apoyo financiero a proyectos y/o experiencias de EIB en establecimientos educativos; la sistematización de experiencias y propuestas locales y regionales –a partir de un convenio con el Programa de Formación en EIB para los países Andinos (PROEIB Andes), todas estas muy limitadas30. La principal línea de acción estuvo centrada en la articulación con el INAI31 para la adjudicación de becas para estudiantes indígenas, cuyas partidas provenían (y provienen actualmente) de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación. A continuación se describe el cuadro de adjudicación de “Becas para alumnos de Pueblos Originarios” durante el período 2003-2007: CUADRO N° 18: Cantidad de becas otorgadas a alumnos de Pueblos Originarios por la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Años 2003 al 2007 Año 2003 2004 2005 2006 2007 Becas para Alumnos de 5.500 6.000 6.500 7.000 16.500 Pueblos Originarios Fuente: Ministerio de Educación de la Nación. Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas Todos estos programas que abordaron de alguna manera la EIB, fueron planificados para la atención de las problemáticas específicas que tienen las escuelas urbano-marginales, escuelas rurales pobres, escuelas con población aborigen, escuelas de adultos y escuelas para personas con distintos niveles de capacidad. Así la “cuestión educativa aborigen”, en un marco de políticas neoliberales, se fue construyendo en la intersección entre los efectos de la desigualdad social y las políticas de reconocimiento, constituyendo los programas de EIB planes compensatorios más que en un campo de derechos (Petz, 2002; 2004). En cuanto a lo educativo en el ámbito regional, se presentan un abanico de situaciones diversas, de acuerdo a la estructuración política, económica, social y cultural de cada una de las provincias (CEDCAPI-educación, 2003a). Tanto desde el abordaje que tuvo y tiene la cuestión de la diversidad lingüística y cultural por los sistemas educativos provinciales, como por la heterogeneidad de situaciones que atraviesan los distintos grupos sociales y por lo tanto sus reclamos. 29 El Ministerio de Educación de la Nación crea en 1997, en el marco de las políticas compensatorias, el Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación de los Pueblos Aborígenes” el cual tenía como objetivos superar las limitaciones para instrumentar políticas educativas que se adecuen a las particularidades culturales de los pueblos indígenas y la situación de extrema pobreza en la que viven, la tendencia homogeneizadora y castellanizante tradicional de la escuela, el aislamiento geográfico en las zonas rurales y las dificultades de inserción de aquellos que habitan en las ciudades, ya que el resultado de este conjunto de complejas situaciones es la expulsión precoz del sistema de la mayor parte de los alumnos aborígenes (Golluscio, 2002: 34). Sin embargo, como menciona Petz (2002), la responsabilidad de adherir a este proyecto corría por parte de las provincias tras presentar sus propios proyectos de EIB para que desde Políticas Compensatorias se financie el apoyo técnico y la edición de material didáctico. Siendo así, se concretaron experiencias en cinco provincias: Chubut, Jujuy, Formosa, Santa Fe y Chaco, dejando de manifiesto el lugar que ocupa la cultura aborigen en las formaciones provinciales. 30 Según Petz (2002), dados los avatares económicos y sociales así como las definiciones/indefiniciones políticas que caracterizó al gobierno de la Alianza, dicho Programa durante los años 2000-2001 estuvo amenazado por las políticas de ajuste fiscal, temiendo por su desaparición. De hecho, algunos proyectos iban caducando paulatinamente por falta de presupuesto hasta para mantener a los técnicos contratados quedando solamente el personal de planta a cargo y sin fondos para las acciones. Así y todo con estas limitaciones el PEA, vale aclarar que fundamentalmente gracias al compromiso y a la buena voluntad de quienes lo coordinaban, llegó a estructurar su plan de trabajo y llevar adelante algunas acciones. 31 El INAI crea para el campo educativo el Programa “Apoyo a la Educación Intercultural Aborigen” que consiste en becas, tutorías interculturales y talleres de fortalecimiento cultural. A su vez desarrolla el “Proyecto de Alfabetización en Comunidades Indígenas por Alfabetizadores Indígenas”. 58 �En resumen, durante la etapa mencionada, fueron muy pocas –por no decir nulas- las experiencias educativas con poblaciones aborígenes orientadas desde la EIB. Las mismas han sido sostenidas desde el voluntarismo y supeditadas tanto al marco ideológico de los agentes educativos en los distintos niveles de gestión como a los avatares presupuestarios. A esto, se puede agregar que la problemática educativa aborigen no se circunscribe exclusivamente al campo educativo, sino que hay un conjunto de factores (económicos, políticos, alimenticios, sanitarios, etc.) que la atraviesan, por lo que la misma no se resuelve tan sólo implementando modelos educativos específicos (Álvarez, Risseto y Petz; 1999 y 2004). En el actual período, y a partir de la sanción durante el año 2006 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, ya reseñada en el apartado anterior, pareciera abrirse un nuevo panorama difícil de predecir. Ya que se encontrará atado a las posibilidades de cada región o provincia –según la correlación de fuerzas y alianzas políticas que se logren establecer entre las representaciones aborígenes, sindicatos docentes y autoridades educativas. En este marco, se crea la Modalidad EIB (MEIB) que pasa a depender de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación. Con relación a lo dicho hasta aquí, debemos mencionar que la situación educativa de los pueblos originarios en Argentina se ve atravesada por las múltiples tensiones y contradicciones que atraviesa la definición de una política educativa como la EIB desde su mismo surgimiento, ya que nace en oposición a las tan denostadas políticas homogeneizadoras. No obstante, hasta el momento no logra salvar la disyuntiva entre estas últimas y las políticas particularistas, en tanto ciertas medidas particularistas pueden terminar siendo funcionales a la segmentación y al encubrimiento de las desigualdades socioeducativas detrás de un rechazo a la generalización de medidas. Por tal motivo, las políticas focalizadas que pretenden lograr la inclusión en el contexto neoliberal actual tienen en ocasiones el efecto contrario de cristalizar la exclusión. En este sentido, es fundamental que la crítica a las propuestas homogeneizadoras no nos lleve a renunciar a la igualdad, como un derecho humano universal, a la vez que la crítica a la focalización no nos conduzca a negar la diversidad (Álvarez, Petz y Rissetto; 1999 y 2004, Cf. Novaro y Bordegaray, 2004; Hecht, 2007). 7.4- Situación sanitaria de los pueblos indígenas en Argentina La situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del país cuenta con indicadores alarmantes con relación a las tasas de mortalidad infantil, desnutrición, enfermedades infecto-contagiosas (VIH-SIDA, TBC, Chagas, cólera, etc.), entre otras. Esta grave situación está en estrecha relación a la histórica situación de marginación y exclusión social, económica, cultural y territorial de estos pueblos (basta sólo recordar que los pueblos indígenas fueron progresivamente arrinconados en las tierras menos fértiles, las que menores intereses despertaban a la inversión capitalista, y paulatinamente cercados por emprendimientos que hacen un uso de los recursos naturales sólo racional en términos económicos: alta rentabilidad en corto plazo). El abordaje de los impactos sociales, ambientales y sanitarios que los diversos emprendimientos agroindustriales (explotación agrícola, minería a cielo abierto, explotación gasífera y petrolera, entre otras) causan sobre las comunidades indígenas aledañas se hace acuciante, en virtud de que cada vez son más visibles (y palpables) sus impactos negativos. A modo de ejemplo, puede señalarse cómo el pueblo mapuche se ha visto fuertemente afectado por el ingreso de empresas transnacionales o nacionales volcadas a la explotación de gas y petróleo. Se trata de la realización de grandes obras, como represas hidroeléctricas y explotación hidrocarburífera, gasífera y petrolífera que constituyen un particular modo de 59 �producción que ocasiona profundas modificaciones en la naturaleza y efectos nocivos en los pobladores de las comunidades circundantes, por ejemplo, la presencia de valores elevados de Aluminio, Manganeso y Talio, principalmente derivados de la contaminación del agua. Ante la contaminación generada por estas empresas sobre las cuencas y napas acuíferas, la respuesta del Estado ha sido la distribución de bidones de agua, sin impulsar políticas orientadas a la resolución de la problemática a largo plazo, persistiendo en la lógica de actuar sólo una vez evidenciando los impactos negativos tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de la población. En similar tono, puede destacarse cómo los desmontes han impactado profundamente en la salud de la población. Aumentan las enfermedades zoonóticas, se propagan enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla; o el hanta-virus, transmitido por los roedores que se amontonan en esas franjas de montes. También el impacto en la salud de la población se da a causa de la exposición a los agrotóxicos (glifosato, endosulfán, atrazina) utilizados para la fumigación de los campos de soja (realizadas por avionetas o vehículos terrestres), ocasionando enfermedades cancerígenas, enfermedades neurológicas, alergias respiratorias y de piel, casos de malformaciones en fetos y envenenamiento, etc. Los ejemplos de las distintas problemáticas medioambientales y sanitarias en que se ven involucradas las comunidades indígenas son un fiel reflejo de que, a pesar de la existencia de un amplio abanico de normativas, convenios y programas de políticas publicas desarrollados con el fin de garantizar una mayor participación de las comunidades y sus estilos de vida en la gestión sanitaria del medio que habitan, el sistema de salud no cuenta en todos los casos con abordajes de intervención que tengan en cuenta las representaciones y prácticas propias de las comunidades involucradas, no se plantean estrategias de educación para la salud que consideren la construcción cultural de los procesos salud- enfermedad, lo cual se traduce en la dificultad para acceder al sistema por parte de estas poblaciones. Asimismo, la inaccesibilidad a servicios básicos de salud por parte de los pueblos indígenas, se ve agravada por la precariedad de la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades de origen, y la falta o escasez de insumos para la atención básica de la salud. A esto se suma la discriminación y estigmatización (marco ideológico de los agentes de salud) por parte de los equipos médicos hacia la población de referencia. 8- Conclusiones y recomendaciones A lo largo de estas páginas se intentó una caracterización de la situación actual de los pueblos originarios que habitan áreas rurales en la Argentina poniendo énfasis en los aspectos socio-productivos y ambientales y en el relevamiento de instituciones públicas, nacionales y provinciales, con pertinencia en la problemática. A partir de lo avanzado, estamos en condiciones de ir adelantando las siguientes conclusiones que se enumeran a continuación: 1- Existe una contradicción importante entre el conjunto de normativas jurídico-políticas tendientes a garantizar derechos territoriales por parte de los pueblos originarios y la estructura agraria del país que se articula con un modelo agro exportador, de concentración fundiaria y empresarial, que tiende a expulsar a la población indígena de sus asentamientos rurales. 2- Los pueblos originarios de la República Argentina se encuentran hoy en las regiones donde existen los mayores índices de pobreza. Se hallan por tanto entre los grupos 60 �poblacionales con mayores dificultades de acceso a servicios esenciales de salud, vivienda, educación, como así también a los recursos, particularmente a la tierra y al trabajo. 3- La información existente en materia productiva con relación a los pueblos originarios, además de resultar notablemente escasa, presenta una importante falta de criterios que la sustenten y de allí también que presenten problemas de sistematicidad. 4- Sigue preponderando en la interpretación de la estructura agraria el análisis clásico dualista (tradicional vs. moderno), perspectiva que no permite tomar en consideración que las actividades productivas de los pueblos originarios rurales combinan de manera específica y particular en cada caso actividades domésticas con empleo estacional. A riesgo de ser repetitivos, insistimos en que los pobladores originarios son trabajadores rurales, transitorios y/o estacionales, cuyos bajos salarios se explican en gran parte porque la reproducción de su fuerza de trabajo en la época de no empleo en los emprendimientos agrícolas capitalistas regionales está garantizada por el esfuerzo productivo doméstico comunitario y, como ese esfuerzo doméstico comunitario está sujeto a una serie de constricciones (que es necesario analizar en cada caso) necesitan complementar sus ingresos con el empleo estacional o eventualmente con el empleo estatal. 5- Hasta el momento, no se cuenta con un registro, centralizado en un organismo, respecto del estado real de la tenencia y propiedad de la tierra y territorio de los pueblos originarios como de las múltiples demandas que estos pueblos sostienen ante los Estados provinciales y nacional. Esta cuestión facilita la configuración de manejos clientelares de los territorios por parte de los sectores con poder en los entornos locales ya que una parte importante de las tierras demandadas son por lo general tierras fiscales provinciales y/o en conflicto con terceros, sean privados, estatales o en donación (como por ejemplo, la situación que presenta Misión chaqueña algarrobal en el Departamento San Martín, provincia de Salta). 6- La falta de regularización territorial y de dominio de la tierra por parte de las comunidades indígenas rurales es el principal obstáculo que enfrentan las comunidades. Este es un derecho consagrado en la legislación nacional, pero que adolece de demoras en su implementación por múltiples causas que es necesario analizar en particular. Uno de los problemas que arrastra esta situación es que la falta de proyectos de inversión de carácter socio-productivo se fundamenta muchas veces en la falta de propiedad de la tierra y por lo tanto las comunidades dejan de ser consideradas sujetos de crédito o bien sujetos productivos. 7- Tal como se desprende a partir de una mirada del mapa institucional, es necesario remarcar la impronta que el avance en materia legal respecto de las políticas de reconocimiento y la propia movilización indígena ha generado en las instituciones estatales. Efectivamente, si se realiza el ejercicio de comparar los organigramas ministeriales y sus programas de aplicación con los de una década atrás, resulta llamativa la cantidad de intervenciones concernientes a la problemática indígena, y, paradójicamente, a la vista sólo de los objetivos de las mismas, una serie importante de superposiciones. 8- Se ha hecho un análisis sintético de la situación educacional y sanitaria. Respecto de la primera interesa mencionar que existe una tendencia a avanzar en una política de carácter universal. En lo atinente a la situación sanitaria se debe considerar que a pesar de la existencia de un amplio abanico de normativas tendientes a garantizar una perspectiva comunitaria, el sistema de salud en su conjunto resulta altamente expulsivo de la población aborigen. 61 �Partiendo de estas conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones: 1- Realizar estudios de carácter etnográfico y socio-antropológicos desde una perspectiva que permita caracterizar el modo de inserción de las economías domésticas de estos pueblos en las estructuras agrarias regionales, reconociendo la capacidad productiva de los sujetos indígenas, cuestión central a la hora de proyectar líneas de intervención eficaces en pos de mejorar las condiciones de ingresos y de vida de este sector de población. 2- La no-tenencia de la tierra por parte de los pueblos originarios no debe ser un argumento que detenga la inversión. Invertir en proyectos cuya característica central sea el fortalecimiento organizacional de la población por parte del Estado en los territorios demandados por esas mismas poblaciones genera el ejercicio mismo del derecho a la tierra ya declarado constitucionalmente. Ambos reclamos, la regularización del dominio como la formación de sujetos productivos, en tanto derechos reconocidos, deben ser vehiculizados sin que uno de ellos impida el ejercicio del otro. 3- Con relación a lo señalado en la conclusión numero 7, se sugiere: a) La proyección de propuestas tendientes a la articulación con lo existente y de lo existente, a fin de realizar un aprovechamiento de las capacidades estatales y, fundamentalmente, de no invadir los territorios con programas y proyectos que se chocan malogrando los resultados esperados. b) Tener en cuenta la manera específica de relación entre los estados provinciales y el nacional y contemplar especialmente en ello que un programa de carácter nacional aporta cierta independencia de las determinaciones y constricciones que imponen las políticas locales. En muchos casos esto puede hacer que los proyectos que se propongan desde un programa nacional funcionen como resguardo y alternativas a los intentos hegemónicos de los poderes regionales. A la vez posibilitarían cierta limitación a las formas de clientelización de las políticas provinciales y municipales. 4 Repensar el criterio de que las intervenciones estatales y privadas sólo parecen aplicables si se cumple como condición suficiente y necesaria que las comunidades indígenas se constituyan con personerías jurídicas. Esta política, independientemente de sus objetivos de construcción de sujetos de derecho, ha tenido aún sin pretenderlo un impacto altamente fragmentador de las comunidades. La tendencia atomizadora, a riesgo de exagerar, puede llegar al punto que cada familia indígena gestione su propia personería. Siendo así, tal política no ha logrado constituirse en una herramienta útil. Por lo tanto se sugiere la búsqueda de otros dispositivos, más integradores, de manera de lograr la instrumentación de proyectos más eficaces y que apunten al fortalecimiento organizativo de las comunidades y/o de los colectivos étnicos. Para lograr que las comunidades indígenas se fortalezcan desde el punto de vista socio productivo y económico debería fomentarse el asociativismo y no la diáspora ya que sin asociativismo (en las condiciones y requerimientos que se propongan los sujetos involucrados) no será posible generar modalidades de economía social de los pueblos originarios. 5 En lo educativo, se recomienda un ejercicio de permanente vigilancia para no caer en un sentido restringido de lo universal al tiempo que las particularizaciones que se puedan realizar manteniendo la “discriminación positiva” para el caso de poblaciones titulares de derechos colectivos específicos (por ejemplo la modalidad EIB de reciente 62 �creación), no deriven en sistemas escolares paralelos y desintegrados. Respecto de la cuestión sanitaria, se propone generar acciones que tiendan a mejorar y ampliar la infraestructura sanitaria en las comunidades rurales32, garantizar los insumos para efectivizar la Atención Primaria de la Salud (APS), generar espacios de capacitación para los equipos médicos en aras de revertir la discriminación y estigmatización de la población aborigen, avanzar en la realización de estudios epidemiológicos sistemáticos e integrales que brinden la información necesaria para la gestión de las políticas de APS, como así también para un adecuado y eficaz desempeño de los equipos de salud. 6 En cuanto a lograr eficacia en la comunicación y apropiación de las estrategias de intervención por parte de las comunidades involucradas, se recomienda trabajar con metodologías participativas que contemplen, entre otras cosas, las realidades bilingües o multilingües (elaboración colectiva de materiales bi o multilingües, incorporación de agentes bilingües en los equipos técnicos, etc.). 7 Por último, para la implementación de políticas de apoyo a las capacidades económico-productivas de los pueblos originarios un programa de carácter nacional deberá propender a la participación real y activa de estos pueblos, al acceso de estos a los medios de producción, al control de los mismos sobre las cadenas de comercialización de sus productos, a la capacitación apropiada y al fortalecimiento organizacional, promoviendo fuertemente el asociativismo. 32 Esto se plantea en un sentido integral de la salud, incluyendo la falta de infraestructura que garantice a la población las condiciones de habitabilidad adecuada (agua potable principalmente, transporte y caminos, etc.) 63 �9 - Anexos Anexo Nº 1 Organismos nacionales vinculados a la política indígena PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - SECRETARIA DE CULTURA33 Unidad de Proyectos y Programas Especiales (UPPE) La Unidad de Proyectos y Programas Especiales (UPPE) de la Secretaría de Cultura de la Nación cuenta con un Plan de acción para la promoción del respeto a la Diversidad Cultural donde se enmarcan los programas y proyectos de la sublínea de trabajo Pueblos Originarios. Plantea entre sus objetivos principales: • Promover la valoración positiva del conocimiento y el efectivo ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos como vehículo para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. • Aportar en la construcción y sostenimiento de procesos que tiendan a generar inclusión social. • Revalorizar las distintas identidades étnico-culturales que se expresan en el territorio nacional. Espacio de formación en comunidades indígenas Este programa desarrolla talleres de formación en comunidades indígenas de todo el país sobre historia de las comunidades, derechos indígenas y legislación, diagnósticos participativos y elaboración de proyectos. Los mismos se desarrollan, en forma conjunta, con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), y otros capacitadores indígenas. Programa de Subsidios para Comunidades Indígenas El objetivo del Programa es defender la diversidad cultural y promover la capacidad de gestión autónoma de proyectos por parte de las comunidades. El Programa otorga subsidios para el desarrollo de proyectos que apunten a investigar, rescatar, gestionar, valorar y difundir el patrimonio tangible e intangible indígena; y generar procesos educativos de cualquier tipo que aporten al desarrollo de las comunidades. Los destinatarios son las comunidades indígenas con personería jurídica nacional o provincial y comunidades indígenas con personería jurídica inscriptas en los organismos provinciales pertinentes como asociaciones civiles. Los proyectos seleccionados obtienen subsidios por un monto máximo de pesos quince mil ($15.000) cada uno y se enmarcan en dos líneas: • Fomento de la diversidad cultural: orientada a difundir, rescatar, mantener y revalorizar las tradiciones, costumbres, lenguas, artes, creencias y formas de organización de los distintos pueblos indígenas del país. • Apoyo a la formación para el desarrollo: orientada a promover la formación y capacitación de miembros de las comunidades indígenas en cualquier arte, oficio o ciencia que promueva el desarrollo comunitario. Programa Cultural de Desarrollo Comunitario El objetivo del Programa es apoyar mediante subsidios a las organizaciones sociales que desarrollan proyectos socioculturales y dejan instaladas capacidades y recursos productivos para la autoorganización, la autonomía y el “poder hacer” de una población; que transfieren 33 http://www.cultura.gov.ar/ 64 �conocimientos y herramientas a comunidades de alta vulnerabilidad social; que promueven el trabajo articulado con organismos públicos, redes de organizaciones y movimientos sociales. Pueden presentarse asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales con personería jurídica. Se subsidian iniciativas en cuatro líneas: Emprendimientos comunitarios, informativos, productivos culturales y de fortalecimiento a organizaciones sociales. Mercado de Artesanías Tradicionales de la Republica Argentina (MATRA) – Dirección Nacional de Acción Federal e Industrias Culturales Creado en 1985, elabora anualmente un Programa Federal de Desarrollo Artesanal, cuyos beneficiarios son las comunidades indígenas y criollas ubicadas en las regiones culturales (NEA, NOA, Nuevo Cuyo, Centro, Patagonia y Conurbano Bonaerense) y talleres urbanos. � JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAYDS)34 Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (DiPOReN) La DiPOReN fue creada mediante la Resolución Nº 58/2007 en función de articular las actividades de esta SAyDS con el actual marco jurídico nacional e internacional referido al reconocimiento de los derechos de las Comunidades Indígenas. Se propone generar una política de estado que garantice a los pueblos originarios la gestión de sus tierras, territorios y recursos naturales, ejerciendo su derecho a fijar las prioridades del desarrollo desde su propia cosmovisión. Para ello, desarrolla las siguientes líneas estratégicas transversales a la misión y competencias de la SAyDS, a saber: • Planificar y coordinar acciones en materia de política ambiental con relación a los pueblos originarios. • Establecer canales de comunicación con los pueblos originarios para abordar las problemáticas ambientales con relación al territorio que habitan. • Promover la participación activa de los pueblos originarios en las acciones y programas de la Secretaría. • Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los pueblos originarios para la gestión de sus recursos naturales y demás intereses ambientales. • Asistir a los pueblos originarios en la gestión referida a sus recursos naturales, teniendo en cuenta su derecho a fijar las prioridades del desarrollo desde su propia cosmovisión. • Difundir el marco jurídico que garantiza la gestión de sus recursos naturales para concientizar y capacitar a dirigentes de organizaciones de pueblos originarios, funcionarios y responsables de la política pública y de órganos de justicia en diferentes niveles. • Coadyuvar en la implementación de proyectos de desarrollo local de los pueblos originarios. Programa Social de Bosques (PROSOBO) Creado por el Decreto presidencial Nº 1332/2002, apunta a favorecer a comunidades rurales concentradas y dispersas, contribuyendo a evitar su desarraigo, y asegurando la sustentabilidad de las actividades que promueve, mediante la autogestión, la organización y la participación comunitaria. Su principal objetivo es el de brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y para incrementar el área forestada nacional, favoreciendo a comunidades rurales concentradas y dispersas y contribuyendo a evitar su desarraigo. Entre sus objetivos específicos, pueden mencionarse los siguientes: • Generar empleos permanentes en el sector primario de la economía nacional; • Incrementar el área forestada nacional, brindando asistencia técnica y financiera; 34 http://www.ambiente.gov.ar/ 65 �• Favorecer a comunidades rurales concentradas y dispersas, contribuyendo a evitar su desarraigo; • Contribuir a desarrollar conciencia comunitaria a través del trabajo en grupo con sentido de pertenencia. • Garantizar la continuidad de los múltiples servicios ambientales que proveen los bosques y mejorar la calidad ambiental. Los proyectos pertenecen a instituciones tales como Fundaciones, ONG’s, Cooperativas, Parroquias, Comunidades de Pueblos Originarios, Facultades, Universidades, Colegios, Escuelas Rurales, Escuelas Especiales, Municipalidades, Comunas, áreas de gobiernos provinciales, etc. Programa Nacional de Bosques Modelo El Programa se propone como misión el fomento del manejo sustentable de los ecosistemas forestales, a fin de contribuir al progreso de las comunidades involucradas, atendiendo a la equidad social, las necesidades locales y las preocupaciones globales. Los objetivos generales del Programa son: • Promover el desarrollo sustentable en el marco conceptual del manejo integrado de los recursos naturales. • Desarrollar métodos, procedimientos, técnicas y conceptos innovadores en la gestión de los ecosistemas forestales. • Impulsar la construcción de alianzas estratégicas para el desarrollo local y el co-manejo basado en la planificación y gestión participativas. � MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS35 Secretaría de Derechos Humanos - Dirección Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva La Dirección se propone tres líneas de acción: Mujer y Género, Discriminación y Pueblos Originarios. En este marco, participa de iniciativas destinadas a la preservación de la identidad de los pueblos originarios y a la defensa de sus derechos, incluida el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras. En el ámbito nacional, está interviniendo por demandas indígenas de tierras y problemas de desalojos en: Yerba Buena, Departamento San Martín Salta, Río Banco Banda Norte y Río Blanco Banda Sur, La Loma, todos del Departamento de Orán, Salta, Lotes 32 y 33 Departamento de Anta, Bañado La Estrella, Formosa. Asimismo, el Área interviene en otros casos en los que está involucrada población indígena: malos tratos a niños indígenas, violación de niñas indígenas, agresiones policiales a la población indígena. Para abordar de manera integral la problemática de la falta de aplicación de la normativa que protege el derecho de las comunidades indígenas a la tierra, se ha propuesto un plan de trabajo: • Apoyar una iniciativa de ley de emergencia nacional suspendiendo todos los desalojos en el ámbito nacional por un tiempo que permita regularizar la situación de todas las comunidades del país. • Crear un espacio de acción conjunta entre la SDH, la Defensoría del Pueblo y el INAI para impulsar soluciones a través del diálogo entre las autoridades provinciales y las comunidades, que impliquen el reconocimiento de los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales y el Convenio 169 de OIT sobre Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por nuestro país, como así de otras leyes nacionales y provinciales. • Realizar seminarios de normativa en derechos indígenas dirigidos principalmente a jueces y operadores de Justicia en provincias con población indígena. 35 http://www.derhuman.jus.gov.ar/ 66 �• Impulsar la realización de Jornadas Bicamerales de Derechos Indígenas en el Congreso Nacional con la presencia de destacados juristas nacionales indígenas y no indígenas. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)36 El INADI es un organismo descentralizado que fue creado mediante la ley Nº 24.515 en el año 1995, comenzando sus tareas en el año 1997. Sus acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico, nacionalidad, género, identidad sexual, discapacidad o enfermedad, etc. En este marco, se propone como objetivos: • Difundir la ley Nº 23.592 sobre Actos Discriminatorios. • Investigar, sistematizar y difundir información acerca de los procesos y formas de discriminación que se evidencian en el ámbito nacional. • Recibir las denuncias que realicen las/os ciudadanas/os, instituciones o grupos sobre conductas discriminatorias, xenófobas o racistas y producir dictámenes acerca de los actos denunciados o promover reuniones de conciliación en todos aquellos casos en los que se considere beneficioso para las/os afectadas/os. • Diseñar e impulsar campañas y proyectos educativos y de difusión tendientes a eliminar actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas. • Patrocinar gratuitamente a personas o grupos víctimas de actos discriminatorios, xenófobos o racistas. • Establecer vínculos de coordinación y cooperación con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, con la finalidad de actuar conjuntamente en materia antidiscriminatoria. • Realizar talleres permanentes de capacitación a grupos, organizaciones sociales, actores comunitarios y todas aquellas personas que pueden intervenir en la comunidad para la prevención de la discriminación. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se elaboró un Plan Nacional contra la Discriminación, y se organizó en diferentes áreas que desarrollan los programas y proyectos específicos, entre los cuales se encuentran los abocados a Pueblos Indígenas, como por ejemplo el Foro de Pueblos Indígenas, o la Red de Investigadores sobre Pueblos Indígenas. � MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL37 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Fue creado con la sanción de la Ley 23.302 en el año 1985 como entidad descentralizada con participación indígena, y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. En el ámbito nacional, es la institución que tiene la responsabilidad de crear canales para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Nacional. Sus principales funciones son: • Dispone la inscripción de comunidades indígenas en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS (RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites. • Es responsable de arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con la Constitución Nacional. • Promueve la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario. • Coordina programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades. 36 37 http://www.inadi.gov.ar/ http://www.desarrollosocial.gov.ar/ 67 �• Promueve espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y comercialización de artesanías genuinas. Programa Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la obra" Su propósito es constituirse como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado particularmente a los sectores de bajos recursos, planteándose tres objetivos generales: • Contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social en todo el país. • Promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos de inclusión social generados en el marco de procesos de desarrollo local. • Fortalecer a organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y redes, a fin de mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social, mejorar su efectividad y generar mayores capacidades y opciones a las personas, promoviendo la descentralización de los diversos actores sociales de cada localidad. El Plan ofrece: • Apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos, encadenamientos productivos, servicios de apoyo a la producción y a la comercialización. • Fortalecimiento institucional, tomando en cuenta el desarrollo de actividades socioproductivas desde una perspectiva de desarrollo local en el marco de políticas sociales. • Asistencia técnica y capacitación a los emprendedores de unidades de producción de los proyectos de la economía social. Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social, Padre Carlos Cajade Creado en el año 2006 a través de la Ley Nacional de Promoción del Microcrédito N° 26.117, cuyo objetivo es la promoción y regulación del sector del microcrédito a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil (entidades sin fines de lucro: cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas). Programa “Mi Pueblo” Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, con el objetivo de identificar y resolver aquellos factores que obstaculizan el crecimiento y el bienestar de las pequeñas comunidades del interior del país. La intervención está destinada a fortalecer los procesos de desarrollo estratégico local y regional, sustentables en el tiempo, a partir de la coordinación multisectorial en el territorio, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para esto, el Programa articula con diversos ministerios en pequeñas comunidades que presentan indicadores como población con alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, altos niveles de pobreza e indigencia, población rural dispersa con economías de subsistencia, escasa infraestructura básica (caminos, red de gas, agua potable, energía eléctrica). De esta manera, han realizado experiencias con comunidades indígenas de las provincias de Salta y Jujuy. 68 �� MINISTERIO DE EDUCACIÓN38 Programa Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe (PNEIB) A partir de la sanción durante el año 2006 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, se crea la Modalidad EIB (MEIB), la cual pasa a depender de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación. El equipo técnico de la MEIB plantea este hito como la una oportunidad y un desafío para impulsar desde el Estado Nacional la instauración y/o consolidación de la EIB en cada uno de los sistemas educativos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, generar los mecanismos de participación y gestión que contribuyan a su articulación federal (Documento para la discusión, 2008). En función de instalar la MEIB en las distintas provincias, se crean las “Mesas regionales para la instalación de la modalidad EIB”39, cuyos objetivos principales son: • Plantear el estado de situación de la EIB al interior de cada uno de los sistemas educativos que integran la región. • Delinear prioridades regionales tendientes a la inserción de la modalidad en el organigrama institucional de cada uno de los Ministerios de Educación involucrados. • Diseñar posibles vinculaciones funcionales de la modalidad EIB con todos y cada uno de los niveles y modalidades de los sistemas educativos de la región. • Proponer relaciones interinstitucionales con diversos actores que aborden la modalidad de EIB en el marco de la región. • Proponer la circulación de experiencias de campo que estimulen y acrecienten el conocimiento intercultural en las escuelas en el marco de la región. • Facilitar el protagonismo de las comunidades indígenas en las propuestas institucionales y pedagógicas de la región. A su vez, se incorpora a la EIB en zonas de frontera en pos de la integración con los países del MERCOSUR (este proyecto se viene desarrollando por medio de convenios en las provincias de Misiones y Corrientes con escuelas fronterizas con Brasil). Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE) - Becas Para Alumnos de Pueblos Originarios Estas becas buscan promover el derecho a la educación de adolescentes, jóvenes y adultos de pueblos originarios. Su objetivo es reducir los niveles de abandono y repitencia al garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Se trabaja en coordinación con el INAI, quien distribuye los formularios para la postulación de la beca entre las Comunidades. Las becas (de un monto de $600 anuales) están destinadas a adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a pueblos originarios, de nacionalidad argentina, que sean alumnos regulares del último año de la Educación Primaria o de cualquiera de los años de la Secundaria en instituciones educativas públicas de gestión estatal o privada de todo el país, tanto de zonas urbanas como rurales. 40 38 http://www.me.gov.ar/ Estas mesas regionales cuentan con la presencia de: • Representantes a nivel provincial de pueblos indígenas • Participantes del Ministerio de Educación provincial • Directores de Nivel Inicial, Primario, Medio y Superior y/o representantes del equipo técnico • Director de Planeamiento Educativo o área equivalente • Equipo técnico de la Modalidad de EIB • Representantes de las otras Modalidades Durante el año 2008 se realizaron un total de 5 encuentros (1 por región) durante los meses de octubre y noviembre. Las regiones se han definido de la siguiente manera: • Sur: comprende las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. • Centro: Buenos Aires, C.A.B.A, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. • Cuyo: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luís. • NOA: Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. • NEA: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. 40 De acuerdo a proyecciones realizadas para el año 2008 por la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, se otorgaron un total de 12.788 becas a alumnos de Pueblos Originarios durante ese año (por un monto total de $7.672.620). 39 69 �Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) - Subprograma indígenas EL PNBU se implementa desde el año 1996, y está dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas (de un monto de $2.500 anuales) que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios. Cuenta con un Subprograma para alumnos indígenas. Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER) El PROMER respalda la política del Gobierno Nacional definida para la educación en ámbitos rurales. Incluye a todas las escuelas rurales del país y se ejecuta a partir de Convenios Bilaterales celebrados entre el Ministerio y las autoridades provinciales. Entre sus componentes, postula una línea de acción enfocada en educación para aborígenes, buscando apoyar el desarrollo de acciones que permitan incrementar la toma de conciencia de la diversidad cultural existente en las comunidades rurales como así también conocimiento del idioma y la cultura tradicional de la población aborigen. Este subcomponente contempla el financiamiento de asistencia técnica y servicios de consultoría para la preparación de planes de desarrollo escolar, capacitación de los miembros de la comunidad que prestarían apoyo a programas de alfabetización y la formulación de proyectos institucionales, y programas de capacitación para escuelas que desarrollen programas de educación para indígenas. Becas de formación docente para estudiantes indígenas El Plan Nacional de Formación Docente, define la puesta en marcha del Área de Políticas Estudiantiles, cuyas funciones son las de diseñar, promover e implementar políticas universales centradas en los estudiantes, y desarrolladas conjuntamente con ellos. En este marco, surge una línea específica de becas de formación de docentes de origen indígena (de $1.500 anuales).41 � MINISTERIO DE SALUD42 Programa de Salud Familiar, Área de Pueblos Originarios Creado por Resolución N° 118 del año 2009, con el o bjetivo de establecer en las jurisdicciones provinciales Equipos Interdisciplinarios de APS, con población nominal a cargo y educación permanente en servicio. Se integra con los objetivos del Programa ANAHI, el Programa Nacional de Recursos Humanos para la APS, el Programa de Médicos Comunitarios y la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cólera. El Área de Pueblos Originarios actualmente trabaja en la formación de Equipos de Salud Familiar en zonas donde hay comunidades indígenas en todo el país, siendo su primera medida sumar a los que actualmente son Agentes sanitarios del Programa ANAHI43 para, a su vez, tomar la cobertura de comunidades que ellos tenían. Es función esencial del Área 41 Según la Memoria Detallada del estado de la Nación del 2007 (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2008) fueron otorgadas en ese año 1.100 becas, sumándose a las políticas de estímulo a los alumnos de formación docente iniciada en 2003 a través del Programa “Elegir la Docencia”. 42 http://msal.gov.ar/ 43 Este programa estableció articulaciones con comunidades indígenas ubicadas en Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán, mediante una red de agentes sanitarios indígenas (bajo la figura de contratación de beca) encargados de sostener el proceso de atención sanitaria de las familias aborígenes a través de tareas de promoción y de protección de la salud, y de prevención y apoyo para el control de enfermedades. Según un informe sobre TRANSFERENCIAS DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS A LAS PROVINCIAS (Dirección de Economía de la Salud, Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, Ministerio de Salud de la Nación), durante el año 2007, el Programa transfirió a estas provincias la suma de $ 838.856. Del total transferido, las provincias de Salta y Chaco fueron la de mayor concentración, seguido en orden por las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa. Según datos del año 2008, son 197 los agentes sanitarios: 42 en Chaco, 37 en Formosa, 10 en Jujuy, 30 en Misiones, 41 en Salta y 37 en Tucumán. 70 �garantizar que, a través de los Equipos de Salud Familiar se mejore la cobertura y accesibilidad de las comunidades indígenas al sistema de salud. � MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA)44 Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores (PROINDER)45 El PROINDER comenzó sus acciones en mayo de 1998. Se trata de un programa de cobertura nacional que actúa de manera descentralizada. De acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Indígena46, que describe los mecanismos específicos para la atención de la población rural indígena, la población indígena a ser atendida por el PROINDER Adicional responde a dos situaciones típicas: • Tiene un alto nivel de integración a las pautas culturales de la población criolla y comparte con ella los mismos problemas -y por lo tanto su mismo nivel de vulnerabilidad • Mantienen pautas culturales bien diferenciadas que se traducen, en general, en una mayor dependencia del medio natural y una escasa o nula adopción de las prácticas productivas comunes al resto de los pequeños productores minifundistas. Este segundo grupo presenta mayor nivel de vulnerabilidad y, por lo tanto, recibirá un tratamiento diferenciado en el Proyecto. Las etnias más numerosas que lo integran son la Wichí, la Pilagás y la Chiruguano—chané (provincias de Salta, Formosa y Chaco). Teniendo en cuenta estas dos situaciones típicas se ha diseñado la estrategia de desarrollo indígena que incluye acciones y procedimientos en los dos componentes principales del Proyecto: Apoyo a las Iniciativas Rurales (AIR) y Fortalecimiento Institucional (FI). En la Provincia de Formosa, El PROINDER favorece la continuación del Subprograma aborigen (PASA) creado por el PSA, que ha definido mecanismos especiales para la evaluación, el seguimiento de los subproyectos y la asistencia técnica para la población indígena. Por su parte, en la Provincia de Salta, existe una estrategia especial para la población aborigen, que implementa la propia Coordinación Provincial del PSA, a través de la cual se promueve, evalúa, acompaña y presta asistencia técnica a los proyectos de grupos de aborígenes. Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA) El PRODERNEA es un programa de desarrollo rural que se inició en 1999 y cuya finalización tuvo lugar en el año 2007. Su propósito fue contribuir a la superación de las condiciones que generan la pobreza rural, a través del aumento sostenible del ingreso y de la capacidad de autogestión potenciando las capacidades productivas de los recursos humanos y naturales de pobladores y pobladoras rurales e indígenas de las provincias del NEA. Su ejecución fue descentralizada, con la SAGPyA, a través de su Unidad Nacional de Coordinación, como el organismo responsable de la dirección y con los Ministerios de la Producción o de Asuntos Agrarios – a través de sendas unidades provinciales de ejecución , como los responsables de la administración y operación en cada una de las provincias. El ámbito de implementación fueron las Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones De acuerdo al informe de gestión del año 200747, a lo largo de sus ocho años de existencia 5.890 familias aborígenes recibieron subsidios, capacitación y asistencia técnica para 44 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ http://www.proinder.gov.ar 46 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (s/d) PROINDER. Manual Operativo. Apéndice I Estrategia de Desarrollo Indígena. 47 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (2008) PRODERNEA – PRODERNOA, Informe Anual 2007. 45 71 �fortalecer sus emprendimientos comunitarios y contribuir a su seguridad alimentaria. Asimismo, entre los resultados del Proyecto, se destaca entre los principales logros de su implementación: • Mejora en la calidad de vida de las comunidades aborígenes en las que actuó a través de la realización de obras de infraestructura, principalmente de provisión de agua • Incremento en la seguridad alimentaria de la población aborigen a través de proyectos productivos de autoconsumo • Formación de un conjunto de técnicos capacitados y sensibilizados acerca de la problemática indígena y en el empleo de metodologías incluyentes • Aporte al reconocimiento de los aborígenes como productores, y a la incorporación - en los ministerios de la producción provinciales -, de la población aborigen como sujeto de atención diferencial. En la actualidad, luego de la finalización del Programa, las provincias cuentan con un Fondo de Recupero de los créditos otorgados que permite realimentar el circuito de financiamiento. Esto posibilita cierta continuidad de las acciones de apoyo dirigidas a este sector poblacional en tanto se concreta el inicio de la ejecución del PRODEAR, que les dará continuidad. Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA) El PRODERNOA es un proyecto de inversión en actividades productivas y de servicios en el área rural, que busca potenciar los recursos disponibles de los pequeños agricultores y de los grupos vulnerables. Para ello brinda asistencia técnica y financiera, apoyo en la gestión de proyectos y capacitación para aumentar y diversificar las explotaciones existentes, propiciar cambios tecnológicos, capitalizar a las pequeñas unidades productivas y de negocios y facilitar la inserción en los mercados. Este Programa, integrado por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, se ejecuta actualmente en las provincias de Catamarca y Tucumán y Santiago del Estero (provincia incorporada en ocasión de la revisión del Proyecto en el año 2006). Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias de la Patagonia (PRODERPA) El PRODERPA es un proyecto de desarrollo rural dirigido a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población rural pobre de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Tiene como objetivos lograr una integración económica eficaz y reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y social de la población rural pobre patagónica, de forma sostenible para el ambiente y con equidad de género; mediante un proceso de construcción de activos, mejorando su acceso a posibilidades comerciales, recursos técnicos y financieros y mercados de trabajo locales y nacionales. Está dirigido a los habitantes rurales pobres de la región, mayores de 14 años cuyos ingresos netos no superen la línea de pobreza. El grupo-objetivo está constituido por pequeños agricultores pobres (45%), microempresarios y artesanos (20%), jóvenes del medio rural (20%) y miembros de comunidades aborígenes (por lo menos un 15%). Programa Social Agropecuario (PSA)48 El PSA nació en 1993 con la propuesta de abordar los problemas del desarrollo de manera integral, actuando sobre aspectos tales como los recursos naturales, el agua, la tierra, la salud, la producción, la comercialización y la educación. Se propone mejorar la calidad de vida de las familias de productores, trabajadores rurales y comunidades indígenas originarias (en Formosa, existe un subprograma destinado a las comunidades indígenas del oeste provincial), recreando condiciones socioeconómicas que promuevan su inclusión social, económica y política y sus posibilidades de reproducción en cada una de las regiones del país 48 http://www.psocialagropecuario.gov.ar/ 72 �Tiene como destinatarios a los Agricultores Familiares: minifundistas, campesinos, pueblos originarios, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales ubicados en todo el país. Cuenta con tres líneas de acción: Asistencia técnica, Capacitación y Asistencia financiera (a través de dos líneas de apoyo financiero: fortalecimiento del Autoconsumo y Emprendimientos Productivos Asociativos –EPAs-). Dentro de la Agricultura Familiar se incluyen las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, artesanales, de caza y recolección, las tareas de producción agroindustrial y el turismo rural. Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) El Decreto N° 1695/2008 aprueba el Convenio con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con destino al PRODEAR, proponiéndose el objetivo general de lograr la efectiva integración de las familias rurales pobres de las provincias seleccionadas, a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades en la población rural organizada para que, con el apoyo de opciones facilitadoras y fundamentalmente a través de su asociación, se incorporen a una dinámica de desarrollo sostenible que les permita incrementar sus ingresos, mejorar sus condiciones de vida y facilitar su participación en los procesos de desarrollo del territorio, con una perspectiva de equidad de género y con el uso sustentable de los recursos naturales. Asume los siguientes objetivos específicos: • Apoyar y fortalecer asociaciones del grupo-objetivo, contribuyendo al fomento de sus capacidades y conocimientos, para su activa y plena participación en los procesos de desarrollo comunitario y en los órganos de decisión y administración; • Promover la equidad social y de género, la incorporación de los jóvenes a actividades productivas, la preservación del ambiente y de la cultura aborigen, y el desarrollo integral del territorio; • Fortalecer a través de dichas asociaciones el acceso sostenible de la población objetivo a servicios financieros adecuados, a recursos y factores productivos y su incorporación a actividades en la cadena de valor de sus productos; • Insertar las acciones del Programa en las líneas de política de desarrollo rural del Gobierno. El área del Programa abarca la totalidad del territorio nacional, pero el área prioritaria de operación son los territorios rurales seleccionados y priorizados de provincias localizadas en las regiones del Noreste (Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco), Centro (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) y Cuyo (Mendoza y San Juan). Sus destinatarios son los habitantes rurales pobres mayores de 14 años y la población de las comunidades indígenas, independientemente de la edad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria49 Es un organismo creado en 1956, con el propósito de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales: la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Depende de la SAGPyA, con autarquía operativa y financiera. Su objetivo central es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad ecológica y social. Se ha organizado a lo largo y ancho del país, en 15 Centros Regionales que abarcan una o más provincias. Pro-Huerta Se trata de un Programa enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Desarrollo Social) dirigido a la población en situación de pobreza estructural (población NBI) y bajo la línea de la pobreza. Por tanto, la población atendida incluye desempleados, subocupados, minifundistas, asalariados rurales, comunidades aborígenes, familias pauperizadas y población vulnerable en términos de seguridad alimentaria. 49 http://www.inta.gov.ar/ 73 �Administración de Parques Nacionales (APN)50 La APN es el organismo que planifica y ejecuta -con proyección nacional e internacional- la conservación de la diversidad biológica y cultural de las áreas protegidas bajo su jurisdicción. Las áreas que hoy administra se encuentran comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el que fue creado en 1934 mediante la Ley 12.103, base del actual sistema. Esta norma fue sustituida en 1972 por la ley 18.594 –creadora de las actuales categorías de manejo diferenciadas – y hoy el sistema se halla regulado por la Ley Nacional 22.351. Programa de Pobladores y Comunidades En el trabajo con Pobladores y Comunidades se prioriza la formulación de una política que oriente la relación entre la APN, pobladores, comunidades y pueblos originarios, que contribuya a promover la conservación de la diversidad natural y cultural y permita a los actores involucrados ser beneficiarios y responsables de la misma mejorando su calidad de vida. En la actualidad existen tres instancias de participación, constituidas por la Comisión Consultiva (CC), la Comisión Asesora Local (CAL) y el Comité de Co-Manejo. Este último constituye un lugar de trabajo entre la APN y los pueblos originarios que se encuentran asentados dentro de un área protegida. Así también, dentro de la Institución se integra en la década del 90 la conservación del patrimonio cultural, práctica que reconoce la diversidad socio-cultural pasada y actual de quienes han producido ese patrimonio. Con respecto a la política vinculada a pueblos indígenas, cabe destacarse el Proyecto “Desarrollo de Capacidades Nacionales para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, el cual contiene un Plan de Pueblos Indígenas (PPI)51. El área de cobertura del Proyecto incluye once áreas protegidas nacionales en nueve provincias (Jujuy, Salta, Formosa, La Rioja, San Luis, Tucumán, Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego), de las cuales las que tienen vínculo con Pueblos Originarios son: PN Pilcomayo (Formosa), PN Calilegua (Jujuy), PN Baritú (Salta) y PN Sierra de las Quijadas (San Luis). El Plan se propone como objetivos: • Asegurar que el proyecto respete la dignidad, derechos humanos e identidad cultural de los Pueblos Indígenas en el área del proyecto. • Asegurar que los Pueblos Indígenas sean consultados, informados, participen en todo el ciclo del proyecto. • Potenciar y asegurar beneficios a los Pueblos Indígenas presentes en el área del proyecto • Asegurar la adecuada evaluación y manejo de potenciales impactos adversos que podrían afectar a estas poblaciones y proponer medidas de mitigación. � MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL52 Programa Formación para el Trabajo Esta dirigido a Trabajadores desocupados o en situación de desventaja frente al empleo, particularmente trabajadores incorporados al Seguro de Capacitación y Empleo y beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Su ejecución se realiza a través de jurisdicciones educativas provinciales, en articulación con otras áreas del estado nacional, provincial o municipal (Ministerios de Producción, Oficinas de Empleo) y/o con organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, empresas, cámaras empresariales, organizaciones populares). 50 http://www.parquesnacionales.gov.ar/ ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Programa Pobladores Y Comunidades (2007) Proyecto “Desarrollo de Capacidades Nacionales para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Anexo: Plan de Pueblos Indígenas. 52 http://www.trabajo.gov.ar/ 51 74 �Los que participan del programa acceden a los servicios de formación, recibiendo certificación oficial de los niveles primario – medio y superior. Programa Herramientas por Trabajo Está dirigido a Trabajadores desocupados beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. Financia a trabajadores asociados en la compra de herramientas y materiales para la realización de proyectos productivos, así como también la asistencia técnica para mejorar la capacidad productiva, la gestión y la comercialización de los mismos. Programa de Inserción Laboral Rural (PIL Rural) Esta dirigido a Trabajadores del Seguro de Capacitación y Empleo y beneficiarios del Programa Jefes de Hogar y del Programa de Empleo Comunitario y a Empresas privadas interesadas en incorporar personal. � MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS53 Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (PROMHIB) El PROMHIB busca fomentar el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones del hábitat, la vivienda y la infraestructura social de los hogares con NBI y los grupos vulnerables en situación de emergencia, riesgo o marginalidad, ubicados en pequeñas poblaciones, parajes, áreas rurales o comunidades aborígenes. En esta línea, financia, con carácter de no reintegrable, la adquisición de los materiales para la construcción, el mejoramiento de viviendas, y la construcción de equipamiento comunitario (salones de usos múltiples, salas de primeros auxilios, guarderías infantiles, etc.) Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) El objetivo del PROPASA es brindar la asistencia técnica y financiera para la provisión de servicios de abastecimiento de agua potable, desagües cloacales y erradicación de letrinas en comunidades rurales concentradas o dispersas, o en núcleos urbano-periféricos que se encuentren en situación de carencia, precariedad, o bajo contingencias extraordinarias de riesgo ambiental. Está específicamente destinado a las poblaciones radicadas en parajes, asentamientos o localidades rurales o sub-rurales; ámbitos dispersos del medio rural; barrios o áreas periféricas de pueblos o ciudades no alcanzados por sistemas institucionales de agua potable y saneamiento; escuelas, centros de salud, centros comunitarios y sus zonas de influencia. Plantea entre sus objetivos específicos: • Reducir los niveles de NBI de las pequeñas comunidades al posibilitar la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, mejorando el perfil sanitario y medioambiental de las áreas beneficiadas. • Disminuir el riesgo de enfermedades endémicas de origen hídrico, mejorando la condición sanitaria y la expectativa de vida, y previniendo las enfermedades que se manifiestan a edad temprana, como las derivadas de la contaminación. • Consolidar a la población permanente de pequeños parajes rurales, evitando los desplazamientos originados por la búsqueda de fuentes de agua segura. • Posibilitar el acceso de los servicios de agua y saneamiento básico en las comunidades rurales y en otras áreas aisladas que se encuentran fuera del alcance de las empresas prestadoras de estos servicios. • Participar en la reconstrucción de los sistemas de infraestructura básica de las pequeñas poblaciones afectadas por catástrofes naturales. 53 http://www.vivienda.gov.ar/ 75 �• Promover la inclusión social a través del empleo de mano de obra y la utilización de materiales locales -en los casos que esto sea factible- a fin de valorizar la participación de los propios beneficiarios y concientizar a la población del valor social del saneamiento. Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste (PROSOFA) El PROSOFA ejecuta obras de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Educación a poblaciones en situación de pobreza extrema de las provincias fronterizas del NOA y NEA (Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta), con el objetivo de asegurar el acceso a servicios básicos a la población a través de asistencia técnica y financiamiento de proyectos para la construcción, ampliación, refacción y equipamiento de servicios de agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Tiene ámbito de acción en todos los departamentos fronterizos y no fronterizos con NBI superiores al 40% según el Censo Nacional de Población 2001. Se privilegia la articulación institucional con las áreas y Programas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y con los organismos públicos y privados provinciales y municipales que están directamente involucrados en la gestión de cada proyecto. 76 �Anexo Nº 2 Organismos provinciales directamente vinculados a la política indígena Chaco Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). Este Instituto provincial, creado por ley Nº 3258, tiene como fin atender en forma integral las necesidades de las comunidades indígenas del Chaco. Depende del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo. Es una entidad autárquica de la provincia que tiene independencia para aplicar políticas directas y canaliza todos los planes sociales de la Nación. Sus autoridades son elegidas por los indígenas inscriptos en un padrón, esta constitución, según menciona el estudio El sector artesanías en las provincias del Noreste argentino “ lo hace vulnerable a los vaivenes políticos” (2004:39). Formosa Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) En el año 1984 la Ley Integral del Aborigen (Nº 426) crea este Instituto como ente autárquico dependiente de la Secretaría de Estado de Acción Social. Es la autoridad de aplicación de la ley; está administrado por un directorio compuesto de cuatro miembros: Un presidente elegido por el gobernador y tres Directores, propuestos por cada grupo étnico (toba, pilagá y wichí). Misiones Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG) La Dirección de Asuntos Guaraníes fue creada por la Ley Nº 2727/89 como organismo descentralizado y órgano de aplicación del régimen de Promoción Integral de las comunidades Guaraníes. Depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Entre otras funciones maneja el registro de Comunidades Indígenas. Cuenta con una Junta Asesora integrada por representantes de las comunidades locales inscriptas. Salta Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) Es una entidad autárquica y descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo en funcionamiento. El IPPIS es creado por Ley Nº 7121.Los consejeros son elegidos por el sistema de sufragio individual por pueblo. Este sistema, al igual que el de Chaco, lo hace vulnerable a los vaivenes políticos provinciales. Santa Fe Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS)54 El IPAS fue creado por la ley de Comunidades Aborígenes Nº 11078. Depende del Ministerio de Desarrollo Social. Es la autoridad de aplicación de la ley. Está constituido por un Presidente designado por el Poder Ejecutivo y un Consejo integrado con 5 representantes designados por las comunidades indígenas. Duran 3 años en sus funciones y pueden ser reelectos. Sin embargo, todavía el Instituto no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de recursos que el gobierno provincial no garantiza. No cuentan con un lugar físico para poder funcionar y se les hace difícil costear el traslado desde las diferentes localidades. El IPAS cuenta con el asesoramiento de la Organización de las Comunidades Aborígenes de Santa Fe, en cuyo carácter es reconocida por esta ley (art. 13) que nuclea a todas las comunidades de los Pueblos Toba y Mocoví que habitan en la provincia. Río Negro Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI)55 54 55 Basado en datos ofrecidos por la Dra. Viviana Canet. Idem 48 77 �Es el organismo responsable de que se aplique la Ley Integral del Indígena N° 2287creado por Decreto 310/98. Depende del Ministerio de Gobierno. Está conformado por dos representantes del Poder Ejecutivo y tres representantes del pueblo mapuche. El presidente del cuerpo es un representante del pueblo mapuche propuesto por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche y designado por el gobernador. Chubut Dirección de Asuntos Indígenas (Decreto nº 603/08) Depende de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación de Gabinete y tiene como funciones principales el establecimiento y aplicación de programas que respeten las costumbres indígenas con previa consulta a la comunidad, la prestación de asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y económica a las comunidades indígenas por cuenta propia o en coordinación con otras instituciones, la gestión sobre la asistencia de entidades provinciales, nacionales e internacionales, públicas y privadas. A su vez debe realizar los censos de la población indígena de la Provincia, coordinando con entidades gubernamentales y privadas, promover la formación técnicoprofesional del indígena, especialmente para la producción agropecuaria, forestal, minera, industria artesanal, turismo, educación y capacitación para la organización, administración y dirección de las comunidades. Por último, en las áreas de salud, educación, trabajo, asistencia y seguridad social, tierras, jurídica, vivienda y cultura, debe coordinar y elaborar con las áreas correspondientes, lo establecido en la Ley provincial N° 3657/91. 78 �10- Bibliografía ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. Programa Pobladores Y Comunidades (2007) Proyecto “Desarrollo de Capacidades Nacionales para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Anexo: Plan de Pueblos Indígenas. BALAZOTE, A. (1994). Impacto social en la reserva mapuche de Pilquiniyeu del Limay. Tesis de Doctorado - Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires. BARTOLOMÉ, M. A. (1997). Gente de costumbre y gente de razón: las identidades étnicas en México. Siglo XXI, México. BARTH, F. (comp.) (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura Económica, México. BECHIS, M. (1992). 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Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource La cuestión indígena en la Argentina, un estudio de actualización Subject The topic of the resource GRUPOS ETNICOS; ARGENTINA; POBLACION RURAL; SITUACION ECONOMICA; ENTORNO SOCIOECONOMICO; ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION; PUEBLOS ORIGINARIOS Description An account of the resource El documento aporta una relevante y actualizada caracterización de la situación de los pueblos Indígenas de la Argentina, con especial referencia a la situación productiva según regiones de asentamiento de población indígena rural; presenta las principales instituciones gubernamentales nacionales y provinciales públicas con incumbencia en la cuestión indígena; ofrece una síntesis de las dinámicas productivas de los pueblos indígenas rurales más significativos con datos demográficos a partir de la regionalización propuesta y las principales problemáticas asociadas en torno al derecho a la tierra y territorio. Asimismo, enumera ejemplos de las distintas problemáticas medioambientales y sanitarias en que se ven involucradas las comunidades indígenas. Creator An entity primarily responsible for making the resource Cervera Novo, J.P. Publisher An entity responsible for making the resource available MAGyP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2010 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Language A language of the resource es Type The nature or genre of the resource Libro/monografía Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context http://biblioteca.agroindustria.gob.ar/pdfs/33.pdf Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buenos Aires (Argentina) Source A related resource from which the described resource is derived Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires (Argentina). Subsecretaría de Agricultura Familiar. PROINDER DESARROLLO RURAL PUEBLOS ORIGINARIOS